Los agricultores del Levante se alzan contra Ribera: irán a lo tribunales si no cambia el plan hidrológico del Tajo

Revuelta agrícola en el Levante contra el futuro e «ideológico» Plan Hidrológico del río Tajo que ultima el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los agricultores del Levante se han alzado contra Teresa Ribera por los caudales ecológicos propuestos y los «abusivos» precios del agua desalada.

Continúa así la larga ‘guerra del agua’ entre regiones y administraciones que viene sucediéndose desde hace más de dos décadas con motivo del trasvase del Tajo-Segura, y que ahora el departamento de Teresa Ribera ha vuelto a encender con su propuesta de Plan Hidrológico, al entender los regantes del Levante que son la parte más afectada por los cálculos de los caudales ecológicos recogidos en el mismo.

«Protestamos por un plan hidrológico que es ideológico y solo atiende a consideraciones estéticas y ecologismo a ultranza, olvidando la atención a las demandas sociales y económicas del agua», explica a Economía Digital el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez.

Tras concluir el plazo consulta pública para las alegaciones el pasado 22 de diciembre, el Sindicato de regantes confía en que, después de no haber sido respondidas sus alegaciones al planteamiento inicial, el Ministerio no se empeñe ahora en sostener su propuesta y atienda a razonamientos técnicos, al incluir cálculos «mal realizados» y no realizar un informe de impacto económico.

De lo contrario, advierte de que si mantiene el criterio actual acudirá a los tribunales, para la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra dicha planificación, por lo que se podría abrir una nueva batalla judicial para el departamento de Teresa Ribera.

Protesta unánime en el sector: transfondo ideológico

La ‘revolución’ contra este plan hidrológico ha sumado a la práctica totalidad del sector agrícola, incluyendo a varias administraciones como las de Alicante, Murcia o Almería, y a las organizaciones empresariales y sindicales. De hecho, las reclamaciones del sector han recibido la adhesión de las Mesas del Agua de Alicante, Almería y Murcia y también de entidades agrícolas como Asaja, UPA, COAG, Apoexpa, Fecoam, UPA Murcia, FERAL, Proexport o Agrupal, y otras entidades empresariales y sindicales como CCOO, UGT, CROEM, FROET o UCOMUR.

Jiménez explica que el cabreo del sector se debe a la propuesta del Ministerio, realizada a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que plantea elevar los caudales ecológicos del río por motivos medioambientales, obviando a juicio del sector levantino los aspectos económicos y sociales. Los regantes creen que se trata de un «transfondo ideológico».

Es decir, se trata del trasvase parte del caudal de la zona del Levante a otros tramos de Castilla-La Mancha o la Comunidad de Madrid para preservar el ecosistema, algo que según los regantes del Levantes les afectaría sobremanera a sus regadíos.

Caudales ecológicos «mal calculados»

En concreto, la propuesta pasa por aumentar en el tramo de paso por Aranjuez los actuales 6 metros cúbicos por segundo (lo que actualmente circula como caudal legal), hasta los 8 en 2026 y los 8,6 en 2027, consiguiendo que ese tramo sea de los que mejores condiciones de todo el Tajo presentan, apunta Jiménez.

De acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica y determinando el caudal necesario para garantizar el 50% del hábitat potencial útil (HPU), el caudal ecológico del Tajo en Aranjuez es inferior a 6 metros cúbicos. Si se calculara para garantizar el 30% del HPU, el caudal ecológico sería de 3,45 metros cúbicos.

A ello se suma que a su paso por Toledo y Talavera el caudal subiría de los 10 metros cúbicos actuales a 17 y 18, respectivamente, al tiempo que haría un «daño fatal» al trasvase el alza de los caudales ecológicos de los tramos referidos a los pantanos de Entrepeñas y Buendía, de entre 400 hectómetros cúbicos a 800, según señala Jiménez a Economía Digital.

El Ministerio utiliza datos de antes del 2009 para realizar los cálculos

El Scrats sostiene que los caudales propuestos para el eje del Tajo están mal calculados. Jiménez recuerda que el Ministerio calcula que el regadío usó 21.000 millones de metros cúbicos, mientras que el trasvase del Tajo-Segura envía para regadío solo 205 hectómetros cúbicos, lejos de los 429 hectómetros que se podrían trasvasar, lo que suponía recortar un 40% lo que históricamente viene recibiendo el trasvase del Tajo-Segura en las tierras del Levante.

Frente a los cálculos «totalmente desfasados» por parte de la Confederación hidrográfica del Tajo del Ministerio, con estudios de «antes del 2009», el sindicato ha presentado un estudio con datos de 2020 del catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, Luis Garrote, y de la consultora Ingeniería y Ciencia Ambiental, que dirige el biólogo, Fernando José Mariño, que pone en cuestión los datos.

Golpe a 80.000 regantes y riesgo de encarecimiento del agua por su desalación

El presidente de Scrats advierte de que si se implementan los planes del Ministerio será un «golpe muy duro» para los 80.000 regantes que se nutren del Trasvase Tajo-Segura motivados por «razones políticas», ya que romperá el equilibrio conseguido tras muchos años y productivo.

La aportación del Levante agrícola al PIB nacional supera los 3.013 millones de euros en toda su cadena de valor y da empleo a más de 106.000 personas. Además, mediante el trasvase actual en el Levante español se cultivan 40 millones de árboles frutales y 70.000 hectáreas de cultivos hortículas, que eliminan más un millón de toneladas de CO2 al año, calcula Scrats.

La pretensión del Ministerio de aumentar el caudal ecológico en cabecera del trasvase hurtaría a los regantes de hasta 90 hectómetros cúbicos anuales respecto a los aportes actuales. La única alternativa que proporciona el departamento que dirige Teresa Ribera, según Scrats, es la desalación, pese a que un estudio científico de la Universidad Politécnica de Cartagena demuestra que los cultivos regados por agua del acueducto absorben al año más de 1,2 millones de toneladas de CO2, mientras que usar agua desalada sube la huella de carbono.

El Ministerio propone como única alternativa la desalación del agua, pero las conexiones son muy costosas y podría repercutir en el coste a los usuarios

 Aunque los regantes no están en contra del agua desalada, apuntan que un informe de la consultora PWC avisa de que las plantas que proveen a la zona del trasvase esta alternativa hídrica (Torrevieja en Alicante y Valdelentisco y Águilas en Murcia) no tienen la conducciones necesarias para llevarla hasta las explotaciones agrarias. Afirma que estas conexiones son “muy deficitarias y el agua desalinizada solo alcanza de forma directa a un número reducido de explotaciones”.

Las conexiones no solo tardarán tiempo en ejecutarse, sino que además «podrían resultar muy costosas, y si repercute el coste a los usuarios, podría incrementar el precio del agua». De hecho, la sociedad estatal Acuamed ha puesto sobre la mesa los 81 céntimos el metro cúbico el precio del agua desalada para este año hidrológico, cuatro veces más de lo que cuesta la del Trasvase a las comunidades de regantes. En este sentido, se podría escalar hasta 1,2 o 1,5 euros por metro cúbico (ahora ronda los 57). Los productores exigen que no se sobrepasen los 30 céntimos, como se aprobó en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, aunque no se ha aplicado.