La Agencia Tributaria prevé un aluvión de llamadas por los cambios fiscales

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se prepara para recibir medio millón más de llamadas para solicitar cita previa. El organismo cree que los cambios fiscales anunciados recientemente por el Gobierno provocarán que más ciudadanos pidan cita telefónica para resolver sus dudas.

En concreto, la Agencia cifra en 2,5 millones de llamadas, la previsión para el próximo año. La diferencia con respecto a 2021 es de casi 600.000 llamadas, 1,9 millones se atendieron entonces. «Para estimar el número de llamadas se parte del comportamiento del servicio en los últimos años considerando la posible repercusión que los cambios normativos tendrían en los contribuyentes», se indica en la memoria justificativa.

La AEAT ha publicado la licitación para externalizar este servicio, que en la actualidad tiene un contrato en vigor que termina en diciembre de este año. Ahora, la administración busca una empresa que pueda realizar este servicio, porque considera que existe insuficiencia de medios por parte de la Agencia Tributaria.

«El elevado número de usuarios que demandan este servicio, que mejora el grado de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y consecuentemente la recaudación, la exigencia de una flexibilidad y adaptación de los recursos a las oscilaciones de la demanda y la no disponibilidad de medios suficientes para que la Agencia Tributaria lo preste de forma directa, han sido las causas determinantes de la necesidad de acudir a la contratación externa«, resume el organismo.

El presupuesto base de la licitación asciende a 3,6 millones de euros, casi un 70% más que el presupuesto de la última licitación, que cubrió el servicio entre mayo de 2021 y abril de este año. La prórroga del contrato vigente ascendió a los 1,8 millones de euros.

El organismo explica que el incremento en el presupuesto se debe al aumento salarial contemplado en el convenio de los contact center, y no a un incremento en las horas por las que se publica la licitación. De hecho, los costes salariales ascienden a 2,3 millones de euros.

Requisitos

Las empresas que quieran optar a este contrato deberán mostrar su solvencia. Además, se tendrá en cuenta el precio de facturación, las líneas y dimensionamiento del servicio, así como otras cuestiones sobre el teletrabajo, la formación por aula virtual o el aislamiento de plataformas.

También se valorarán los medios materiales puestos a disposición para prestar el servicio y las propuestas técnicas adicionales que puedan aportar cada una de las candidaturas. Las empresas interesadas tendrán que presentar un plan de viabilidad para hacer frente a la campaña de la Renta, para la que se prevén 1,3 millones de llamadas.

Novedades tributarias

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció la pasada semana un plan fiscal que se incluirá, en parte, en los próximos presupuestos generales del Estado. Se creará al margen de la ley presupuestaria el nuevo impuesto para grandes fortunas, que gravará los patrimonios por encima de los tres millones de euros y será deducible en el impuesto sobre el Patrimonio de cada comunidad autónoma.

El plan también incluye cambios en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y en el impuesto sobre Sociedades. En concreto, en los PGE se incluirá un incremento del 26 al 27% para las rentas de capital superiores a los 200.000 euros y para las plusvalías superiores a los 300.000 euros, el tipo se situará en el 28%.

En el lado contrario, y poniendo el foco en las rentas bajas, las reducciones por rendimientos del trabajo se ampliará hasta los 21.000 euros. Este cambio afectará también al mínimo exento de tributación que pasará de 14.000 euros a 15.000 euros anuales. 

También en las cuentas públicas se recogerá una rebaja del 25% al 23% en el impuesto sobre Sociedades para empresas con una facturación inferior al millón de euros. Por otra parte, se limitará al 50% la posibilidad de compensar pérdidas de las filiales en los grupos consolidados. Hacienda estima un impacto de 2.439 millones de euros en esta medida.

Estos cambios entrarán en vigor en 2023, por lo que no se verán repercutidos en las declaraciones de IRPF hasta 2023. No obstante, la Agencia Tributaria busca reforzar el sistema de cita previa telefónica para resolver las dudas que puedan suscitar estas novedades tributarias.