Ábalos plantea bonificaciones de hasta un 90% a propietarios de pisos de alquiler

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha propuesto una reducción de hasta el 90% sobre el rendimiento neto en el IRPF para los propietarios de viviendas que reduzcan al menos un 10% la renta del contrato de alquiler de su vivienda en zonas tensionadas. 

Esta es una de las principales propuestas realizada por el Ministerio, a la que ha tenido acceso Economía Digital, de cara a la elaboración de la nueva Ley de Vivienda, que acumula un retraso de más de dos meses en medio de desencuentros entre el PSOE y Unidas Podemos. 

De hecho, la nueva propuesta no ha sido bien recibida en Unidas Podemos, que considera que se basa únicamente en incentivos fiscales para propietarios y no incluye la regulación del alquiler, incumpliendo “flagrantemente” el acuerdo de Gobierno. 

Conforme a la propuesta, se introducen en el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda mecanismos efectivos de contención y bajada de precios de vivienda en alquiler, especialmente en las zonas de mayor tensión en el mercado. 

Reducciones entre el 50% y el 90% en el IRPF de propietarios

Se plantea una batería de medidas fiscales con incentivos para la contención de los precios de alquiler de vivienda y el incremento de la oferta, que pasan por establecer en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción general del 50%, modulable en función de distintos criterios, hasta un máximo del 90%. 

Así, la modulación de la actual reducción del 60% en el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual variará, alcanzando el 60% si disminuye el precio de alquiler de viviendas a un precio limitado por una norma jurídica (vivienda protegida) o recientemente rehabilitadas. 

La reducción se situará en el 70% si se disminuye el precio de alquiler a viviendas a jóvenes de entre 18 y 35 años, al tiempo que se contemplan bonificaciones especiales para las zonas tensionadas. 

En detalle, Fomento plantea una reducción en el IRPF del 70% por la incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual para afrontar el problema de la falta de oferta y de hasta un 90% en los casos en los que el propietario reduzca en más de un 10% la renta respecto al último contrato. 

De esta forma, si frente a un contrato de arrendamiento de 700 euros mensuales se suscribe un nuevo contrato por 630 euros, el propietario tendría derecho a un beneficio fiscal en el IRPF de cerca de 950 euros al año, superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta. 

Asimismo, propone establecer un porcentaje de reducción del 70% para los casos en los que los propietarios que ceden sus viviendas para alquiler social a cambio de una contraprestación no pueden favorecerse de las reducciones en el IRPF al no ser los titulares de los contratos. 

Se contemplarían en este supuesto las viviendas acogidas a programas públicos de alquiler social o a precio asequible, y la cesión o alquiler de vivienda en entidades sin ánimo de lucro especializadas en atención de hogares o colectivos vulnerables. 

Nueva definición de vivienda vacía 

El planteamiento del Ministerio también insta a recoger una definición “clara” de vivienda vacía a efectos del recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en la propia legislación reguladora del gravamen para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo en la cuota del IBI a inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados. 

Para ello se establecería un periodo temporal de referencia de dos años, fijando un número mínimo de cuatro inmuebles por propietario y una serie de causas justificadas de desocupación temporal de inmueble. 

Entre otras, traslado temporal por razones laborales o de formación, cambio de domicilio por razón de dependencia, salud o emergencia social, inmuebles destinados a usos de vivienda de segunda residencia con un máximo de 4 años de desocupación. 

También se contemplarían los inmuebles sujetos a actuaciones de obra o rehabilitación, o las viviendas objeto de un litigio o causa pendiente de resolución judicial, así como los casos de titulares que ofrezcan en venta (un año máximo) o alquiler (máximo de 6 meses), en condiciones de mercado. 

Grandes tenedores: 1% de viviendas en alquiler de la zona

Sobre las zonas tensionadas, la declaración de un ámbito territorial bajo este supuesto podrán realizarla comunidades autónomas y ayuntamientos y se recogerá en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con una vigencia de tres años, prorrogables. 

Junto con la declaración de una zona de mercado residencial tensionado, se definirán los criterios para la consideración de gran tenedor de vivienda en dicha zona, en función de su potencial influencia, por el volumen de inmuebles de uso residencial de su titularidad en el mercado de alquiler de dicha zona. 

Concretamente, deberá representar al menos el 1% de las viviendas principales en régimen de alquiler de la zona. Aquellos propietarios que tengan tal consideración deberán colaborar y ofrecer información sobre el uso efectivo de sus inmuebles. 

Podemos critica la propuesta e insiste en regular los precios

El secretario general de Agenda urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, David Lucas, trasladó a última hora del martes esta propuesta a la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, quien asumirá en principio la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 como nueva ministra del Gobierno tras la marcha de Iglesias para presentarse como candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. 

Lo cierto es que las negociaciones sobre la Ley de Vivienda han desencadenado un cúmulo de desencuentros en la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, y podría ser el último pulso de Iglesias dentro del Ejecutivo. 

Fuentes de la formación ‘morada’ señalan a Economía Digital que la oferta del PSOE consiste en dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler. 

A su juicio, incumple el acuerdo de Gobierno por no incluir la regulación de precios del alquiler y es “antisocial” al promover que “quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos y todas”.  

“Cuánto más cara sea la renta y más viviendas tenga un propietario mayor será el beneficio fiscal que reciba”, censuran en Podemos, que lamentan que no se recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y otros “fondos buitre”. 

Así, ven “sorprendente” una propuesta “sin base empírica alguna avalada por el Ministerio de Hacienda” y que en el PSOE se nieguen a implementar la “eficaz” medida de la regulación de precios en zonas como Barcelona y otros países, y “sucumban” a las presiones de la patronal inmobiliaria.