El 80% de los empresarios suspende al Gobierno en la gestión de la crisis

Suspenso de los empresarios a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez realizada durante la crisis de la pandemia de la Covid-19 a pesar de la batería de medidas aprobada por el Ejecutivo, o al menos así lo señala un 80% de los empresarios que ven deficiente la gestión.

Así se desprende de los resultados de la ‘Encuesta Empresarial Círculo 2021’ elaborada por el Círculo de Empresarios en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). con respuestas de más de 200 empresas, que refleja cómo una mayoría de empresarios desaprueba la gestión del Gobierno de la crisis tras casi 20 meses transcurridos desde el inicio de la pandemia.

Los empresarios no no ven suficiente las medidas aprobadas de defensa del empleo y del tejido productivo, como el despliegue de los ERTE, el apoyo a las empresas con las medidas de liquidez y las medidas de apoyo a la inversión que en conjunto han movilizado más de 132.000 millones de euros de financiación, canalizando recursos a casi 700.000 empresas, de las que el 98% son pymes y autónomos.

Los ERTE y las líneas del ICO, eficaces

No obstante, un 73,6% reconoce que han sido eficaces o muy eficaces los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que llegaron a proteger a 3,2 millones de empleados y un 59,5% opina lo mismo sobre las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Sin embargo, la mayoría considera poco eficaces o ineficaces otras medidas como el Ingreso Mínimo Vital (64,2%), las subvenciones directas (56,7%) y las prestaciones para autónomos (53,8%).

Ante esta percepción sobre las medidas, un 28% de empresarios ve deficiente la gestión de la crisis del Gobierno, y casi el 80% muestra su descontento por una «mala o pésima» gestión frente a un 9,9% que tiene una visión positiva. Con todo, u n75,3% confía en que la economía española recuperará los niveles pre-Covid entre la segunda mitad de 2022 y la primera de 2023.

Los obstáculos a la competitividad

El empresariado español detecta una serie de obstáculos a la competitividad española, con una evolución negativa o muy negativa en el último año de la calidad institucional (86,8%), la carga regulatoria (82,7%) las medidas fiscales relacionadas con el impuesto de Sociedades y las transacciones financieras., la seguridad jurídica (67,5%), la independencia judicial (66,7%) o la Marca España (65,4%).

También apuntan a la consideración de los colectivos afectados cuando se adoptan nuevas legislaciones (60,4%) y la reducción de la economía sumergida (52,4%), junto a acontecimientos internacionales como el Brexit (91%), el proteccionismo (91%) y la hegemonía de China en el mundo (86,8%).

En contraste, un 44% considera que en el acceso a la financiación por parte de las empresas la dinámica ha sido positiva.

El Círculo acusa al Gobierno de dañar la marca España

El presidente del Círculo, Manuel Pérez-Sala, sostuvo que el deterioro de la imagen de España en el mundo está relacionado con las decisiones tomadas por el Gobierno, como el decreto que «confisca» el beneficio extra de las eléctricas, lo que supone mandar «un mensaje gravísimo al entorno inversor internacional».

A su juicio, se ahuyenta a los inversores ante el riesgo de que las «reglas del juego» cambiantes, cuando los inversores buscan «seguridad jurídica, certidumbre y estabilidad». «Todas las decisiones son perjudiciales, deterioran la imagen de España y nos perjudica para acometer inversiones a medio y largo plazo», apostilló.

Miguel Iraburu, el presidente del grupo de trabajo que ha elaborado la encuesta constata un deterioro “muy importante” de la marca España que daña las ventas internacionales, provocado por el “ruido político” en España y el cuestionamiento de las instituciones básicas del país. 

Ello “dificulta en muchos casos que los fondos extranjeros o los inversores extranjeros tengan la oportunidad de invertir en las empresas españolas”, y máxima cuando la confrontación política “ex extrema y no tiene visos de mejorar”, a lo que se suma “cierta inseguridad jurídica”. Por ello, pide consultar a los sectores y mayor consenso y acuerdos políticos. 

Flexibilidad laboral y bajada de Sociedades

Entre las reformas que los empresarios consideran prioritarias para salir de la crisis y lograr un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible, están las de la Educación (un 60,7% reclama un Pacto de Estado educativo), las administraciones públicas (53,6%), incrementar el esfuerzo en innovación y tecnología (50,3%) y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo (47,5%).

Sobre el mercado laboral, la mayoría más del 60% pide mayor flexibilidad y avanzar hacia la vinculación de los salarios a la productividad, al tiempo que en materia fiscal un 65% ve necesario el establecimiento de un plan de lucha contra el fraude y un 43,3% reclama una bajada adicional del tipo del impuesto de sociedades con supresión de deducciones y bonificaciones.

Pérez-Sala insistió en la necesidad de perseguir el fraude y la economía sumergida y defendió que “no es malo” la existencia de zonas de baja tributación en zonas francas al ser necesarias para permitir una fluidez en el movimiento de capitales y mercancías, pero cumpliendo las obligaciones fiscales. 

Para reducir la economía sumergida, un 64,1% defiende el fomento de la transparencia en los procedimientos de control, auditoría y cuentas del sector público, partidos políticos y agentes sociales, un 58,1% apoya el endurecimiento de las sanciones tanto monetarias como no monetarias (incluyendo la restitución de lo adquirido ilícitamente) y un 51,4% vería bien el desarrollo de una campaña de concienciación y rechazo social a la economía sumergida.

Fondos europeos, Educación y administraciones

En relación con los fondos europeos para la reconstrucción, el 95,9% de las empresas consultadas considera que es muy necesaria la participación del sector privado en la selección y gestión de los proyectos a los que se asignarán esos fondos. Un 87,9% considera necesaria o muy necesaria la participación de un comité asesor independiente para gestionar adecuadamente esos fondos. 

Respecto a la Educación entienden que es urgente el fomento de la FP Dual (70%) y los valores del emprendimiento desde primaria (51,6%) y, en cuanto a las administraciones, más del 90% considera que la utilización de los recursos públicos en España es ineficiente o muy ineficiente.

Para corregirlo proponen iniciativas como la evaluación de la eficiencia del gasto y la reforma estructural de administraciones. (79%), y medidas como la reducción de su tamaño, el acercamiento del modelo de gestión de la función pública al sector privado (contratación, evaluación del desempeño o incentivos) y la incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración.