Vall Companys y las cárnicas afrontan multas millonarias por un gran fraude
Las mayores empresas cárnicas de España se enfrentan a multas y pagos millonarios por el mayor fraude laboral
Las grandes cárnicas españolas, encabezadas por Valls Companys, afrontan multas y pagos millonarios por uno de los mayores fraudes laborales cometidos en España, de acuerdo con los inspectores de trabajo.
Vall Companys y sus empresas asociadas como Avícolas de Lleida (Lleida) y Frivall (Cuenca) han sido inspeccionadas por abusar de una fórmula laboral irregular y extendida en el sector cárnico desde hace, al menos, cuatro años, según ha podido saber este diario de fuentes cercanas a las investigaciones.
Los mataderos y los grandes productores de carne de cerdo, pollo y conejo han recurrido a la figura de cooperativas para externalizar parte de sus procesos productos. Una de las mayores cooperativas contratadas ha sido Servicarne, una entidad presidida por Yoana Juguera y que cuenta con unos 56.000 cooperativistas.
Pero la Seguridad Social ha considerado que las cooperativas como Servicarne o Tai no son cooperativas sino instrumentos que utilizan las empresas cárnicas para contratar mano de obra con costes muy inferiores a los que marca el mercado.
Con la estructura, las empresas se liberan de pagar el coste laboral que cargan sobre los cooperativistas, que no son otra cosa que falsos autónomos, según han concluido los inspectores laborales.
Tras las inspecciones, las grandes cárnicas del país, se enfrentan a sanciones millonarias y a pagos retrasados de la Seguridad Social. De hecho, la Seguridad Social ya ha comenzado a dar de alta a los trabajadores que considera que están contratados de forma irregular.
“Han comenzado a recibir mensajes de SMS de alta en la Seguridad Social aunque aún conservan su condición de autónomo”, explica Vicente Canet, responsable de alimentación de Comisiones Obreras.
Altas forzadas
La Seguridad Social acaba de obligar a dar de alta a 250 trabajadores en Mercavalencia y a centenares de trabajadores en Cárnicas Cinco Villas (Zaragoza), Avícola de Lleida (Lleida), el segundo productor de pollos del país, Uvesa (Navarra). Pero las empresas han rechazado el alta forzosa de la Seguridad Social y han dado de baja a los trabajadores. El conflicto legal apenas comienza.
Este diario ha contactado con Valls Companys, pero al cierre de esta edición no ha recibido respuesta. Otra de las empresas salpicadas por el escándalo, Coren, una de las grandes productoras de pollo y huevos con sede en Ourense, ha explicado que los procedimientos están abiertos y que no se pronunciará hasta que las inspecciones concluyan.
Los trabajadores, con el aval de la inspección laboral, ahora podrán reclamar derechos laborales atrasados y hasta salarios caídos en el caso que sean enviados al paro. Los despidos podrían declararse nulos.
Vall Companys registró beneficios récord en el último ejercicio declarado en el Registro Mercantil. La compañía duplicó beneficios para alcanzar los 83 millones. Ahora, estaría obligada a hacer provisiones para las incidencias judiciales que se les viene encima.