Uber contrata como falsos autónomos hasta a sus directivos en España
Una juez sentencia que Uber España fichó al exdirector de marketing sin reconocerle su condición de empleado
Uber no sólo ficha a conductores de medio mundo como si fuesen pequeñas empresas sino que también contrata hasta a sus directivos en España bajo la figura de los falsos autónomos.
Uber España fichó en mayo 2014 a Joan Pont Prats como director de marketing, cargo que desempeñó hasta enero de 2016. Prats participó en el levantamiento del negocio y las oficinas de Uber en España, asistía cada día a su trabajo, cumplía con un horario determinado y tenía que seguir lineamientos marcados por la compañía.
Pero el joven directivo, con formación en Estados Unidos, no estaba contratado como empleado sino como empresa, según se desprende de la sentencia 29/2017 del juzgado de lo social número 9 de Barcelona a la que ha tenido acceso este diario.
La Tesorería General de la Seguridad Social, que ya había realizado inspecciones laborales en la sede de Uber España, ubicadas en la avenida Diagonal de Barcelona, llevó a la empresa a juicio al considerar que contaba con trabajadores en condiciones irregulares.
El resultado ha sido un varapalo judicial para Uber, la compañía que defiende que los conductores no son empleados sino empresas independientes, un argumento que el año pasado fue desmontado en Reino Unido cuando consideró absurdo el razonamiento.
El tribunal de lo social en Barcelona también considera que la empresa quiso encubrir la condición laboral de su antiguo responsable de marketing. Se trata de “un caso de relación laboral encubierta formalmente en un contrato mixto de sociedad y apariencia industrial”, según el razonamiento de la juez.
El tribunal ha ordenado que Uber reconozca la antigüedad desde el 8 de mayo del 2014. Pero el caso no es único. El juzgado también condenó a Uber a reconocer la antigüedad de otro de sus altos ejecutivos en España: Manel Pujol, el jefe de Uber Eats en España que está posicionando fuertemente la marca entre las empresas del delivery de comida.
Pujol montó la oficina y hasta compró los teléfonos móviles de los empleados, labores difícilmente asumidas por un trabajador autónomo. La juez ha ordenado a la compañía reconocer una antigüedad como empleado desde el 7 de abril de 2014.
Este diario contactó tanto con Pujol y con Prats para conocer los detalles de su relación contractual irregular con Uber pero no recibió respuesta. Uber tampoco contestó las preguntas formuladas.
La pequeña victoria moral
A pesar del varapalo judicial, Uber logró derrotar en los tribunales a la Seguridad Social en al menos una de las acusaciones. La Seguridad Social estaba convencida de que Uber tuvo que haber dado de alta a otros dos directivos: Damien Drap y Michele Fontolan, de Uber Francia e Italia respectivamente.
El juzgado determinó que ambos directivos habían sido trasladados a España desde las filiales de sus países y por tanto la empresa no estaba obligada a cotizar por ellos en su período en España.
Uber declaró 1,2 millones de euros en ingresos en 2015, su segundo año de actividad en España. La compañía asegura que su actividad apenas se ha traducido en 63.000 euros de beneficios. La compañía, con una inmensa red de conductores en España, declaró en 2015 que contaba con apenas con ocho trabajadores.
