Sanchis ficha a PwC para salvar TV3
La CCMA adjudica el contrato público para defender los procedimientos de inspección abiertos por la AEAT contra la televisión catalana
El conflicto entre TV3 y Hacienda se reactiva. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que engloba a la radio y televisión pública catalana, se ha puesto manos a la obra para salvar su futuro y para ello ha fichado a la prestigiosa consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), a la que ha adjudicado un contrato por valor de 360.000 euros por cinco años.
La CCMA, que ya ha formalizado el pago de la primera fase del contrato (72.000 euros), elige a la división legal de la consultora internacional para que desarrolle un servicio de “asesoramiento, representación y defensa en los procedimientos de inspección abiertos” contra la Agencia Tributaria. En concreto, la corporación trata de mover ficha para reforzarse de cara al enfrentamiento que todavía mantiene con el fisco desde que se cambiara el criterio en materia de regulación de IVA.
PwC, también seleccionada cada año para auditar las cuentas de TV3 y Catalunya Ràdio, se impuso en el concurso público a las otras tres consultoras que componen el selecto club de las Big Four (Ernst & Young, Deloitte, KPMG), término utilizado para referirse a las compañías más importantes del mundo en el sector de la consultoría y auditoría. La firma internacional con sede en Londres y Nueva York también superó al bufete Cuatrecasas y al despacho Duran-Sindreu, entre otros.
TV3 contará con el asesoramiento de un inspector de Hacienda que está de excedencia
El cerebro de PwC que pilotará el plan de acción contra el Ministerio de Hacienda será precisamente un inspector de la propia Agencia Tributaria que ahora está de excedencia. Se encargará directamente del proyecto y estará implicado en la interlocución, así como en la elaboración de alegaciones e informes, de acuerdo a los compromisos asumidos en el contrato consultado por este medio.
La batalla legal promete ser extensa. El primer capítulo se libró el pasado año, con derrota de la Agencia Tributaria. El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), adscrito pero independiente del Ministerio de Hacienda, dio la razón a la entidad catalana respecto a la deducción del IVA en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Pero este match point, que evitó que la entidad que encabeza TV3 pagara 60 millones de euros, no es el único conflicto enquistado con el Estado. Quedan por resolver otros dos expedientes que estudian los ejercicios del 2015, 2016 y 2017 hasta el 10 de noviembre y que se puede llegar a traducir en una factura de 147 millones que Hacienda reclama. Fuentes de la propia CCMA aseguran que plantarán batalla, incluso, ante los tribunales europeos, llegado el caso.
El giro de Hacienda
El conflicto entre la CCMA y Hacienda se remonta a 2014. El Congreso de los Diputados modificó ese año la ley del IVA y fijó el criterio que defendía la corporación: poder deducirse el IVA de todos sus ingresos, entre ellos las aportaciones del gobierno autonómico y los ingresos por publicidad.
Pero en 2016 la situación volvió a cambiar. Hacienda recupero el criterio anterior y consideraba que las subvenciones sí tenían que tener un IVA del 21%, porque entendía que dichas ayudas públicas tienen una finalidad comercial. ¿Consecuencia? El 30 de octubre del siguiente año Hacienda inició actuaciones de comprobación e investigación por el concepto IVA en la CCMA , así como en otras televisiones y entidades culturales.
La viabilidad de TV3, en juego
Hacia dónde se decante el conflicto decidirá el rumbo de la cadena. TV3 ha reiterado en bastantes ocasiones que este nuevo escenario provoca una asfixia financiera insoportable. Su director, Vicent Sanchis, llegó a acusar al ministerio dirigido entonces por Cristóbal Montoro de orquestar “una maniobra para liquidar” a la cadena.
Lo cierto es que los 147 millones que reclama la AEAT son un golpe muy duro al presupuesto de la televisión, mermado desde la llegada de la crisis económica. Más, si se suman los 75 millones que la corporación todavía tiene provisionados por la inspección del IVA de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 —esta primera decisión no es firme— y los 20,4 millones de impacto que debería anotarse para este 2018.
Y todo en medio de una caída de los ingresos por publicidad. Es vox populi que muchos empresarios retiraron en el último año su publicidad de TV3 con la escalada del procés. De manera paradójica, aunque el seguimiento de la agenda independentista impulsó la audiencia, muchos anunciantes huyeron de la televisión pública.
El cóctel pone en jaque la continuidad de determinados proyectos. El aviso ya está sobre la mesa: si el Govern no puede afrontar el pago del IVA, la programación podría verse duramente recortada. Esta advertencia lleva a mirar especialmente a los programas externos que, no obstante, son iconos de la parrilla de la televisión catalana. A finales de 2017 ya se canceló la emisión de Tarda oberta y se teme que pueda ocurrir lo mismo con otros como Preguntes freqüents, de El Terrat (Andreu Buenafuente), o Polònia, de Minoria Absoluta (Toni Soler).