Solo el Constitucional puede salvar a la antigua cúpula de las cajas gallegas

«Urdieron conjuntamente en agosto de 2010 todo un proceso para modificar los contratos de alta dirección que ya disfrutaban (…) con el fin de asegurarse una posición económica más ventajosa en caso de que se prescindiera de sus servicios». La condena de la Audiencia Nacional, ratificada el pasado septiembre por el Supremo, ha acabado con los huesos de la cúpula de Novagalicia en la cárcel.

Cuatro ex directivos, Julio Fernández Gayoso, que acaba de cumplir 85 años, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada, ingresaron en prisión por orden de la Audiencia, una vez denegada la solicitud de suspensión de condena. La policía judicial procedió a las detenciones de los altos cargos, todos procedentes de Caixanova, que se fusionó con Caixa Galicia bajo el impulso de Alberto Núñez Feijóo, actual presidente de la Xunta de Galicia. Las posibilidades de recurso, están prácticamente limitadas al amparo del Constitucional.

Detenciones en Madrid y Vigo

Gorriarán, antiguo responsable de la división inmobiliaria, fue detenido en Madrid, al igual que el asesor jurídico Ricardo Pradas, «cooperador necesario» para la aprobación «urgente» de los nuevos contratos, según sentenció el Supremo. Todo parece indicar que fueron trasladados a Soto del Real, aunque no está confirmado por fuentes oficiales.

Fernández Gayoso, ex presidente de Caixanova; José Luis Pego, ex director general de Novagalicia; y Óscar Rodríguez Estrada, responsable de la oficina de integración de las cajas gallegas, fueron conducidos al centro de A Lama, en la provincia de Pontevedra.

Medida excepcional: banqueros encerrados

Los directivos procesados, incluído Javier García de Paredes, que fue absuelto, se llevaron 18,9 millones, y los tribunales reclamaban la devolución de 10. Precisamente, la sección tercera de la Sala de lo Penal, con el juez Alfonso Guevara al frente, justificó la detención porque los altos cargos no habían devuelto el dinero que se fijó en sentencia.

Es una medida excepcional. Los jueces no suelen ordenar prisión con penas de dos años, que son las que pesan sobre la antigua cúpula de Novagalicia por administración desleal y apropiación indebida. Y tampoco tiene costumbre el sistema judicial español de encerrar banqueros. Es la primera vez que sucede desde las dos semanas que pasó Miguel Blesa en Soto del Real.

Solo les queda el Constitucional

A los condenados, que no habían solicitado indulto, solo les queda la bala de pedir amparo al Constitucional. El recurso de súplica es ante el mismo tribunal que acaba de emitir la orden de detención, tomando como argumento la sentencia del Supremo, al que podrían recurrir en casación. El Supremo consideró «exigua» la pena de dos años, para quien había cometido «inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal». Por lo tanto, explican fuentes jurídicas, solo el Constitucional podría socorrerlos.

También argumentó la Sala sobre el quebranto ocasionado a las arcas públicas por la caída de Novagalicia, más de 9.000 millones según ha cifrado recientemente el Tribunal de Cuentas. Y añadió que los condenados tenían procesos pendientes con la justicia.

Todavía pendientes de un recurso

Las fuentes judiciales consultadas hacían matices a la decisión de la Audiencia Nacional. Por ejemplo, que el asesor jurídico Ricardo Pradas y Óscar Rodríguez Estrada no tenían que devolver dinero.

Por otra parte, las cuantías establecidas por la Audiencia Nacional para Gayoso, Pego y Gorriarán, fueron recurridas por los acusados, en un proceso que todavía está pendiente de resolver en el Supremo.

Tampoco se conocen otras causas pendientes para los directivos, más allá de los escritos que remitió el FROB a la Fiscalía por operaciones irregulares de la entidad. Por el momento, no ha trascendido ningún escrito de acusación. 

La dureza de la Audiencia Nacional

La determinación de la Audiencia Nacional, en contraste con la tibia pena de tres años que solicitó la Fiscalía, sorprendió a los allegados de los ex directivos y marca un imponente punto de inflexión en la crónica de la caída del sistema financiero gallego.

Las cajas fusionadas, quebradas y rescatadas, acabaron en manos del empresario venezolano Juan Carlos Escotet, que ahora dirige Abanca con amplias coberturas del FROB, por ejemplo, para los quebrantos de las cláusulas suelo. El fondo público cubre hasta el 85% del coste ocasionado a la entidad en los litigios.