Sánchez y Torra prometieron ayudas fiscales a Nissan si mantenía BCN

En su intento de convencer a Nissan para que mantuviera su fábrica de Barcelona abierta, Gobierno y Generalitat desplegaron un infructuoso abanico de incentivos económicos que la compañía desechó. Entre los argumentos de ambos ejecutivos: subvenciones directas, préstamos tanto para la empresa y sus proveedores, una rebaja del alquiler de la planta de la Zona Franca y la promesa de “mejoras fiscales”.

La propuesta presentada por la administración estatal y la autonómica a la dirección europea del fabricante japonés prometía “una mejora de la fiscalidad” así como “incentivos para modelos futuros”. A cambio, las instituciones pedían a la automovilística la asignación de un nuevo modelo para el centro de la instalación portuaria.

Además de “estimular medidas de demanda” e “invertir en infraestructuras de apoyo a la movilidad”, ambos gobiernos se comprometieron a aplicar una “tarifa plana” para congelar el precio del alquiler de la fábrica en Zona Franca hasta 2025, según la documentación a la que ha tenido acceso Economía Digital. En las cuentas de Nissan Motor Ibérica –la filial española de la multinacional– del ejercicio 2018/2019 la renta fue de 1,7 millones de euros.

La organización también habría tenido facilidades para utilizar el nuevo laboratorio de innovación que se promueve en los aledaños de la planta y en los proyectos de movilidad 5G que tienen en marcha las administraciones.

Sin embargo, Nissan ni respondió a la propuesta del Ministerio de Industria y el Departament d’Empresa. El silencio de la multinacional provocó que la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, calificase su actitud de “desleal”. Por ello, pidió hablar directamente con la cúpula de la cotizada en Japón y saltarse a la dirección europea. Según explican fuentes inmersas en el proceso, no ha conseguido sortear la barrera.

Gobierno y Generalitat se comprometieron a financiar hasta el 10% de la inversión necesaria para la llegada de un fabricante de baterías

No lo logró ni siquiera con los incentivos de 97,5 millones de euros prometidos. Tal y como avanzó El País, la oferta incluía una inversión de casi 100 millones entre préstamos y subvenciones, tanto para Nissan como para su red de proveedores, que vendrían a complementar la inversión de la empresa, estimada de 400 millones, para atraer un coche eléctrico a la Zona Franca.

La cantidad del esfuerzo público que iría a parar a las arcas de Nissan sería de 70,69 millones de euros: 42,43 millones serían en forma de subvención a fondo perdido y los 28,26 millones restantes serían créditos al 0% de interés. La justificación de la ayuda iba desde las necesidades de adecuar la fábrica hasta la formación de los trabajadores o el paraguas de la digitalización.

El paquete de incentivos englobaba los 6 millones de euros de subvención ya aprobados para la planta de pintura que la compañía se comprometió a erigir el año pasado y otros 2 millones para transformar la fábrica de Montcada en un centro de soldadura de aluminio.

Mientras, la red de proveedores de Nissan iban a recibir casi 27 millones entre ayudas a fondo perdido y préstamos sin interés. Además, la Generalitat iba a destinar una partida extraordinaria de 41,2 millones de euros para cubrir hasta el 80% del aval exigido por la banca en los créditos necesarios para adecuar sus instalaciones al nuevo vehículo eléctrico.

Ambos ejecutivos también se comprometieron a financiar hasta el 10% de la inversión necesaria para que un fabricante de baterías se instalase en la Zona Franca con tal de «consolidar una base de proveedores adecuada a las necesidades de futuro de Nissan».

La administración, relegada a mediadora

Una vez aparcada la propuesta, y vistas las discrepancias entre trabajadores y dirección por el cierre de la fábrica, las instituciones quedaron relegadas a ejercer de mediadoras. Mientras el comité de empresa no reconoce la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado para 2.525 trabajadores, la empresa sigue adelante con su calendario y pretende dar por finiquitadas las conversaciones antes de las vacaciones de verano.

Por ello, tanto Gobierno como Generalitat pidieron este lunes que la compañía abriera «nuevos espacios de diálogo» más allá de los trámites legales requeridos en el ERTE para «construir escenarios de futuro a nivel laboral e industrial». Lo hicieron en una reunión en la que también asistieron los cuatro sindicatos, que pidieron la constitución de «una mesa tripartita entre gobiernos y sindicatos» y amenazaron con denunciar el ERE por fraude de ley.

En un comunicado emitido tras el encuentro, las administraciones se comprometieron a «seguir trabajando con los sindicatos en el futuro industrial de la planta de Zona Franca, sea en el marco de Nissan o de futuros proyectos industriales que garanticen los puestos de trabajos directos, así como los indirectos vinculados a los proveedores».