Sánchez revocará la ley que allana la salida exprés de empresas de Cataluña

El ‘decreto Caixabank’ tiene los días contados. Aprobado de urgencia el pasado mes de octubre para facilitar que las empresas pudieran salir de Cataluña antes de una declaración unilateral de independencia por el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo socialista liderado por Pedro Sánchez explicó este jueves que derogará la norma en un nuevo gesto de distensión hacia la Generalitat.

En declaraciones a RAC1, la vicepresidenta Carmen Calvo defendió la reversión del real decreto. “Nosotros en esto no tenemos ningún problema, absolutamente ninguno”, dijo. De este modo, “se lanza el mensaje a las empresas de que, por la parte que le corresponde al Gobierno, se va a sostener no solo el diálogo, sino una relación leal y estable con las instituciones catalanes”, añadió.

Así, volvió a tender la mano a la institución presidida por Quim Torra. “El Gobierno tiene claro que hay que ayudar a crear un marco de seguridad y estabilidad en Cataluña para que las empresas que se fueron vuelvan y las que han venido sepan que vamos a trabajar por la estabilidad”, explicó.

Hasta 4.400 empresas se han ido de Cataluña desde el 1 de octubre, según el Colegio de Registradores

Un cambio frente al clima previo a la llegada del PSOE al Ejecutivo, defendió. “La Generalitat y el Gobierno del PP hicieron un destrozo importante en la economía catalana”, lamentó. Y rechazó buscar explicaciones políticas a la salida empresarial: “Se fueron porque la inestabilidad e inseguridad que provocaba la situación vivida les hizo tomar decisiones que eran puramente empresariales”.

Desde la entrada en vigor de la norma, más de 4.400 empresas salieron de Cataluña, según los datos del Colegio de Registradores. La mayor parte de cambios de domicilio se materializó en los primeros meses de 2018, pues los trámites iniciados durante el otoño finalizaron con la entrada del nuevo año.

No obstante, la Generalitat redujo el impacto de la fuga empresarial a 2.501 compañías hasta el 31 de julio de 2018. La cifra se hincha hasta los 3.700 CIF (código de identificación fiscal), pues muchos grupos aprobaron también la mudanza de sus filiales.

La consejera de Empresa, Àngels Chacón, aseguró el pasado mes de septiembre que el impacto económico y fiscal de la huida fue «prácticamente nulo» para la economía catalana. «No ha tenido efecto porque no se ha cerrado ningún centro de producción», celebró.

Un decreto hecho a medida para Caixabank

El polémico decreto fue aprobado el día 6 de octubre por el Consejo de Ministros en un claro guiño a Caixabank y sus filiales, que necesitaban convocar una junta de accionistas para cambiar su domicilio fiscal. La norma permitió al grupo acordar la salida en un consejo de administración y esa misma semana trasladó la sede a Valencia. También se llevó la Fundación Bancaria La Caixa a Palma de Mallorca.

Detrás del grupo financiero se fueron la antigua Gas Natural, hoy Naturgy, Abertis, Cellnex y SegurCaixa. No necesitó del decreto Banc Sabadell, que ya podía mudarse sin el favor de los accionistas y se marchó a Alicante un día antes de la entrada en vigor de la norma.

De entre las grandes salidas, sólo la empresa de aguas Agbar decidió volver a Barcelona. En un consejo celebrado el pasado mes de septiembre, la sociedad atribuyó a la «estabilidad económica» la decisión.