Sacyr fulmina a sus directivos implicados en la trama de multas de tráfico
La empresa constructora despide a los primeros empleados implicados en la presunta trama de corrupción que llevó a la UDEF a investigar 40 ayuntamientos
Manuel Manrique, CEO de Sacyr
Sacyr no ha tardado ni una semana en depurar responsabilidades en la trama de corrupción que le golpeó esta semana y puso en el punto de mira de la justicia a más de cuarenta ayuntamientos por los contratos que firmaron con una de sus filiales, Gespol. La constructora que preside Manuel Manrique ha despedido a dos empleados que fueron arrestados como presuntos implicados en la Operación Enredadera.
La compañía también ha suspendido de empleo temporalmente a otros cinco empleados mientras siguen las investigaciones y se aclaran el alcance de su responsabilidad en la implicación en los hechos.
Sacyr, que anunció la semana pasada que abría una investigación interna, aseguró que «los partícipes de la trama eludieron de forma premeditada los controles” de la organización.
Sacyr señala que los investigados «eludieron de forma premeditada los controles” de la compañía
Añaden que éstos “actuaron al margen de la empresa para su beneficio particular e infringieron gravemente el código de conducta». Por último, manifiestan que seguirán “colaborando con la justicia en todo lo que sea necesario para aclarar el caso».
Así fue la trama de Gespol, filial de Sacyr
Gespol, investigada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), se adjudicó en menos de dos años contratos con la administraciones públicas que conjuntamente sumaron más de 1,5 millones de euros.
Su modus operandis era el siguiente: pujaba por las adjudicaciones públicas –en muchas ocasiones con un precio más bajo que el resto de ofertantes– para encargarse del mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y la seguridad vial.
Así, logró adjudicaciones de administraciones locales como Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda y O Grove, entre muchas otras.
Las sospechas de presuntas irregularidades llevaron al juzgado de Instrucción nº 2 de los de Badalona (Barcelona) a dirigir un operativo de la mano de la Fiscalía Anticorrupción para entrar y registrar medio centenar de ayuntamientos.
