Ron acusa a la CNMV de controlar los movimientos del Banco Popular
El expresidente de Popular, Ángel Ron, señala la CNMV por haber abierto un expediente sancionador
Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, ha acusado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de abrirle un expediente sancionador por las cuentas de 2016. Ron considera que fue una maniobra de “clara autoprotección” frente a posibles responsabilidades penales por la ampliación de capital de ese año.
La gestión de Ron al frente de la entidad bancaria está siendo investigada por la Audiencia Nacional, un período en el que la CNMV fue “testigo directo de los hechos que ahora pretende cuestionar”. En su declaración, Ron ha asegurado que la organización llamaba “con frecuencia informalmente” y era informada en «en todo momento de todos y cada uno de los pasos que dieron lugar a la ampliación de capital».
Ron ha apuntado a Sebastián Albella, presidente de la organización, que en esa época ocupaba un cargo al frente del gabinete de abogados Linklaters, y quién, según Ron, “analizó y examinó” los estados contables y ejerció de asesor cuando se dió el visto bueno a la operación. En su declaración, el expresidente del Popular ha pedido a la Audiencia que tome testimonio de Abella, para así poder «exponer su posición cuando reforzó con su dictamen la decisión del consejo de administración».
Abella habría tenido conocimiento de la auditoría de las cuentas que realizaba la empresa PwC cada trimestre, del informe sin salvedades y del trabajo de la KPMG sobre las provisiones para créditos e inmuebles. El banquero ha añadido que la CNMV llegó a recibir un informe detallado sobre el proceso de comercialización.
Descuentos de 1.144 millones
Ron ha cargado contra la CNMV, por haber realizado una “serie de alegaciones descontextualizadas”, que pasan por alto las previsiones de Popular entonces, que, afirma, presentaban un superávit de 183 millones de euros frente a los 123 millones de déficit que tenía entonces. Además, ha asegurado que los descuentos acordados por Banco Santander en la llamada operación Blackstone respondían a razones de oferta y demanda, y ha negado la ocultación de pérdidas después de la venta de ladrillo que planteó la CNMV en 2016.
Estos descuentos alcanzaron los 1.144 millones a tenor de las estimaciones de Popular, que aseguró que los deterioros en la cartera de inversiones en dependientes del primer semestre de 2017, unos 2.650 millones, tendrían su origen en la venta acelerada y al por mayor de los activos de sus filiales.
Aun conociendo estos datos, el organismo liderado por Abella recomendó una revisión de auditoría adicional de la información financiera de esa etapa, con el objetivo de comprobar si el el registro de las pérdidas por la cartera de préstamos y de ladrillo era legal. Ron ha subrayado que la CNMV esconde “de forma torticera” la aplicación de la normativa del Banco de España y los trabajos de auditoría, internos y externos, que obtuvieron un «resultado favorable».
