Querella criminal contra Benjumea por un delito de administración desleal en Abengoa
Dos bonistas acusan a la empresa también de un delito de uso de información privilegiada para obtener beneficios en la cotización del mercado de valores
Situación límite para Abengoa. Dos accionistas han interpuesto este lunes una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra los hasta ahora responsables de la compañía. Acusan a Felipe Benjumea Llorente, ex presidente del consejo de administración, y Manuel Sánchez Ortega, ex consejero delegado, de la comisión de un delito de administración desleal y otro delito de uso de información privilegiada, según el documento al que ha tenido acceso Economía Digital.
Los dos querellantes, cuya identidad prefieren mantener en el anonimato por el momento, tienen bonos en Abengoa por cuantía de 53.970 euros y 50.000 euros, respectivamente. Ambos constituyen una representación ínfima de los más de 50.000 accionistas repartidos por todo el territorio nacional e internacional. Muchos de ellos, indignados con los 11,4 y 7,7 millones de euros que irán a parar a los bolsillos de Benjumea y Sánchez, respectivamente, en concepto de indemnización.
Del cuerpo de la querella, redactada por los abogados Felipe Izquierdo –caso Pescanova, caso Neymar–y Eliseo Martínez –del despacho con sede en Madrid Ius Aequitas–, se desprende que el «Estado español puede llegar a perder cerca de 800 millones de euros» debido a la reciente entrada de la compañía energética en pre-concurso de acreedores. «El mayor pre-concurso de acreedores de la historia de España», según exponen los letrados.
Desplome en bolsa
El propio ministro de economía del Gobierno, Luis de Guindos, admitió recientemente la existencia de un riesgo directo del Estado en Abengoa de 415 millones de euros: 210 millones corresponden a la aseguradora de crédito Cesce, 130 millones al ICO y 75 millones a Cofides.
Asimismo, y para justificar la existencia del delito de uso de información privilegiada para sacar provecho en la cotización del mercado de valores, los querellantes recuerdan que las acciones de Abengoa llegaron a cotizar en el mercado a 3,57 euros la acción en abril de este año. Durante noviembre, han caído a 0,44 euros. Un desplome en toda regla.
25.000 millones de deuda
La deuda estimada, aunque no confesada oficialmente, de Abengoa asciende en estos momentos a unos 25.000 millones de euros. Esto implica unos pasivos seis veces superiores a los que afectan a la compañía Pescanova, cuya deuda es de 4.000 millones de euros.
Los querellantes acuden ante la Audiencia Nacional porque entienden, como en el caso de Pescanova, que se trata de un asunto de interés nacional e internacional. Abengoa opera en 80 países distintos, cuenta con unas 600 empresas subsidiarias y tiene 25.000 trabajadores. Elementos, éstos, que hacen de este un caso que puede tener un grave perjuicio para la economía nacional.
