Pimec, Fepime y la Generalitat negocian cómo resolver el contencioso por la representatividad de las pymes catalanas

¿Quién es el representante institucional de las pequeñas y medianas empresas catalanas? ¿Qué nivel de representatividad tiene cada una de las asociaciones especializadas en ese segmento empresarial?

Son dos preguntas que se hacen tanto el presidente de la Generalitat, Artur Mas, como el conseller de Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, tras recibir la interlocutoria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de finales de diciembre pasado en el que concede un plazo de dos meses al actual Govern para que conceda provisionalmente esa condición a la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas (Fepime) que preside el empresario textil Eusebi Cima.

La respuesta de la máxima institución judicial catalana a la petición de cumplimiento de una sentencia anterior ha supuesto un jarro de agua fría para la Generalitat y para Pimec. Y esa respuesta ha generado, a su vez, negociaciones discretas para dar un solución al enfrentamiento que se vive desde hace unos años por ocupar el espacio público de la pyme catalana.

Fepime solicitó la ejecución provisional de una sentencia anterior que le daba la razón después de que tanto la administración catalana como la patronal que preside Josep González decidieran interponer un recurso contencioso administrativo contra el fallo del TSJC en el que la magistratura catalana concedía a Fepime la condición de entidad patronal más representativa. Aquella sentencia se fundamenta en el silencio administrativo del Ejecutivo autonómico ante las reivindicaciones de la filial de la gran patronal Foment del Treball.

Negociaciones con las tres partes

Mientras las dos asociaciones empresariales dirimen sus diferencias en el ámbito jurídico, el Ejecutivo autonómico ha abierto negociaciones con ambas para darle una solución al enfrentamiento. Fuentes de la Generalitat han confirmado que existen “conversaciones para solventar el tema”, aunque declinan concretar en qué sentido y con qué objeto.

En los tres ámbitos afectados existe el convencimiento de que la judicial es la vía menos propicia para resolver el contencioso. Hasta la fecha, existía una tradición no escrita que concedía a Foment del Treball el 75% de la representatividad patronal, mientras que Pimec contaba con un 25%. Así, la incorporación de Fepime plantea un problema añadido: ¿quién perderá cuota de representatividad si se lleva a cabo un cumplimiento de la interlocutoria del TSJC?

Pimec mantiene el recurso

Foment del Treball, la patronal mayoritaria en Catalunya que preside Joaquim Gay de Montellà, tiene más números que ninguna otra organización para ceder una parte de su representatividad a su filial. De hecho, las asociaciones de empresarios de carácter territorial que forman parte de Fepime también son afiliadas de Foment. En consecuencia, una parte de la incorporación de la patronal que preside Eusebi Cima podría hacerse a costa de la representación pública de Foment, según varias fuentes consultadas.

Por su parte, Pimec mantiene un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la primera de las sentencias. También la Generalitat recurrió aquel fallo al considerar que el “silencio administrativo” era condición insuficiente para variar el mapa patronal catalán.