Palo del Supremo a El Corte Inglés

El Tribunal Supremo ha puesto el punto final a una larga batalla legal y ha ordenado la demolición parcial de tres centros comerciales que El Corte Inglés tiene en Madrid por exceso de edificabilidad. La resolución afecta a tres de los establecimientos señeros del grupo, los que tiene en Serrrano, Campo de las Naciones y Méndez Álvaro, y obliga a la compañía a negociar con el demandante y el juez cómo llevar a cabo el  derribo.

La decisión del alto tribunal liquida una pugna que se remonta a 2012, cuando Fernando Guerra López puso un contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la decisión de la Comunidad de Madrid de ampliar la edificabilidad de los centros a cambio de la cesión de redes públicas y dos parcelas para zonas verdes y equipamientos. Esa modificación urbanística se hacía precisamente para regularizar presuntas ilegalidades cometidas en esos tres centros a base de superar la edificabilidad permitida.

El TSJM falló a favor del demandante y declaró nulo el acuerdo del gobierno autonómico que había aprobado la modificación. El Corte Inglés apeló al Tribunal Supremo, que en julio de 2015 falló contra la compañía, el ayuntamiento y la comunidad de Madrid y dejó definitivamente fuera de la ley 25.300 metros cuadrados de actividad comercial: 6.500 en la tienda de Serrano, 11.300 en la de Campo de las Naciones y 7.500 en la de Méndez Álvaro. 

Entre 6 y 12 millones en obras

Un año después, alguien acreditado como «don Plácido» presentó una acción legal instando judicialmente la demolición del exceso de metros construidos, y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid le dio la razón. El Corte Inglés presentó entonces un recurso de apelación ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que en septiembre de 2017 lo desestimó íntegramente y confirmó la sentencia del juzgado número 29 que ordenaba el derribo. 

El último intento de frenar la ejecución de la sentencia fue la presentación de un recurso de casación ante el Supremo, que es quien ahora ha declarado «inadmisible» el requerimiento, según avanza El Confidencial, que añade que las primeras estimaciones sitúan el coste de las obras de demolición parcial entre los seis y los 12 millones de euros, sin contar las costas del proceso judicial, que tendrá que sufragar el grupo, ni tampoco el coste mucho mayor que tendrá para El Corte Inglés el lucro cesante por el cierre de los tres centros durante el tiempo necesario para efectuar los derribos.