Marlaska ya estaba obsesionado con las redes cuando era juez

El debate sobre el uso de las redes sociales y la propagación de mensajes falsos o nocivos por el coronavirus ha puesto en el centro de la polémica al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Parece que el titular del ramo tiene entre ceja y ceja el uso de plataformas como Twitter y Facebook, pero lo cierto es que su fijación no nace a raíz de esta crisis sanitaria, sino desde hace años, cuando era juez de la Audiencia Nacional. 

En 2017, el hoy ministro ya se pronunció sobre los peligros de la red social Twitter, cuando se juzgó a Arkaitz Terrón (@Gudari75) por una decena de tuits publicados entre 2011 y 2016 en los que se le acusaba de ensalzar a ETA.

En este juicio, uno de los primeros celebrados en España sobre el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, los magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional consideraron en su sentencia que los mensajes del acusado no justificaban el terrorismo ni tampoco incitaba y alentaba la violencia.

Pero esta resolución contaba con un voto particular: el de Grande-Marlaska. El entonces magistrado discrepó de sus compañeros [lea aquí la sentencia completa] y fue partidario de una condena en grado mínimo (1 año de cárcel).

Grande-Marlaska señaló que la conducta imputada al acusado trascendía los límites de la libertad de expresión. Se basó en la fundamentación jurídica expresada en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Strawberry y concluyó que los tuits publicados por Terrón dejaban constancia de cómo el ejercicio de la violencia terrorista era un medio legítimo para alcanzar fines políticos.

Es por eso que tener ahora a Marlaska a perseguir las informaciones que aparecen en las redes sociales es, para algunos abogados, delicado. David Bravo, abogado especializado en derecho informático, propiedad intelectual, libertad de expresión y derecho al honor, escribió hace unos días que «cuando escuchamos a Marlaska decir que están mirando las redes para ver qué comentarios son delictivos, nos preocupamos».

Así que sí, cuando escuchamos a Marlaska decir que están mirando las redes para ver qué comentarios son delictivos, nos preocupamos. Porque el criterio de Marlaska sobre expresiones delictivas es expansivo y muchas veces contrario al del resto de jueces de su Sala y del TEDH

— David Bravo (@dbravo) April 20, 2020

Bravo justificaba su posicionamiento en que «el criterio de Marlaska sobre expresiones delictivas es expansivo y muchas veces contrario al del resto de jueces de su sala y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)».

Otro abogado, Carlos Sánchez Almeida, especialista en delitos informáticos y derecho digital, remarca a este medio que Marlaska está «obsesionado» con las redes sociales y recuerda que como magistrado ha estado envuelto en el pasdo de otras polémicas relacionadas con la libertad de expresión.

Si la llegan a reformar, la Ley Mordaza 2.0 será conocida como Ley Marlaska.

— Almeida (@bufetalmeida) June 6, 2018

Cómo perseguir los bulos, un rompecabezas

La figura de Grande-Marlaska y su fijación por los mensajes que se publican en las redes sociales está siendo objeto de debate ahora que se reaviva la polémica de los bulos con motivo de la crisis sanitaria.

El ministro se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la necesidad de perseguir las informaciones falsas en un momento tan delicado, lo que ha despertado muchas dudas. 

Tanto diputados de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) como colectivos de la talla de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) llevan semanas advirtiendo de que regular en materia de desinformación es muy arriesgado.

Leer más: Expertos critican las patrullas de Marlaska en la red: «Es propaganda»​

Todos ellos coinciden en que es peligroso que el Gobierno pueda decidir qué es un bulo y qué no, sobre todo tras escuchar algunas declaraciones como las del ministro de justicia, Juan Carlos Campo, o las  — ya matizadas—  palabras del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago: “Trabajamos para minimizar el clima contra la gestión del Gobierno en la crisis”.

En Interior siempre han defendido que se está llevando a cabo una monitorización de las redes sociales únicamente “con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o delictivos”. También matizan que son las plataformas (Twitter o Facebook) quien, siguiendo sus protocolos de actuación, acuerdan la retirada o no del polémico contenido. 

El Gobierno, por su parte, explicó que había detectado ya 200 campañas de desinformación, pero ninguna con fines políticos. No obstante, este extremo fue puesto en duda, de forma fortuita, por los propios partidos que componen el Ejecutivo (PSOE y Unidas Podemos), que sí llevaron a instancias fiscales bulos supuestamente promovido por Vox y su órbita en redes sociales.

Distintos expertos explicaron a este medio que la iniciativa de Grande-Marlaska de patrullar la red sería poco efectiva. Un motivo es que ya existen precedentes que invitan a pensar que las investigaciones proactivas de la policía en las redes sociales pueden ser invalidadas posteriormente por un juez, mientras otros remarcan que los bulos, mientras no cambie la legislación, no son ningún delito por sí mismos.