Los trabajadores de Unipost piden ayuda a Sánchez tras la ‘opa’ de Correos
La plantilla de Unipost pide ser recolocada en la masiva oferta de empleo Correos tras demostrarse las ayudas ilegales del Gobierno entre 2004 y 2010
Tras quedarse en la calle por la quiebra de Unipost, las 2.300 personas que conformaban la plantilla de la empresa de servicios postales asisten al desembarco de Correos al negocio que dejó vacante su competidor. Para abastecerlo, la compañía pública abrió el pasado junio una convocatoria de empleo para, precisamente, 2.300 puestos.
Los extrabajadores de la empresa de la familia Raventós piden al Gobierno tener preferencia. En una carta enviada por el sindicato CGT al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Fomento a la que ha tenido acceso Economía Digital, los empleados solicitan “exclusividad o preferencia para el personal de Unipost” al ser los principales damnificados de las subvenciones ilegales.
“Solicitamos que se reubique a toda la plantilla de Unipost en Correos además de seguir con la convocatoria de contratación, pues es claro que la empresa pública necesita mucho más personal”, sentencian. “Más teniendo en cuenta que la Comisión Europea sancionó con 167 millones las ayudas públicas que recibió y que ayudaron a acabar con su competencia», lamentan.
Los trabajadores de Unipost piden una reunión «formal» con los ministros Ábalos y Montero
Por ello, piden una reunión «formal» con la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras sentirse ignorados por los ministros populares. «Hay que buscar una solución para los 2.300 empleados que han sufrido un daño difícil de reparar», zanjan.
La convocatoria es el plan B de Correos tras contemplar la quiebra de Unipost. Como informó este medio, representantes de la compañía pública y miembros de la saga Raventós negociaron la compra de la firma privada el pasado mes de octubre pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.
Las ayudas ilegales del Gobierno a Correos
El mismo escrito vincula las ayudas ilegales recibidas por Correos entre 2004 y 2010, denunciadas por la propia Unipost a las autoridades europeas, con la quiebra de la compañía postal privada. La filial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) deberá rembolsar 167 millones al Tesoro Público tras recibir una sanción de la Comisión Europea a comienzos de julio.
La investigación de Bruselas no se paró sólo en las ayudas públicas, sino también en las exenciones fiscales recibidas. “Se produjo una ventaja indebida cercana al millón de euros, cantidad que también tendrá que ser devuelta”, recuerdan.
Más allá de la “nefasta gestión de los Raventós” que los sindicatos ya denunciaron repetidamente. y que amenaza con dictaminar el concurso de acreedores como culpable, “resulta curioso que la Comisión emita este informe y posteriormente Unipost tenga que despedir a toda la plantilla por no poder competir con Correos”.
La crisis de Unipost comenzó en 2011
Unipost presentó concurso de acreedores en verano de 2017 y bajó la persiana el pasado mes de junio tras siete años de ajustes. En 2011, el primero en presentar pérdidas, presentó un ERTE, pero el tiro le salió por la culata: tuvo que afrontar un aumento salarial general y los costes subieron 1,29 millones de euros, según los datos a los que ha tenido acceso Economía Digital. Un año después, un segundo ajuste redujo la jornada de 1.972 personas en un 25%.
En 2013 llegó el tercer recorte laboral, este para la totalidad de la plantilla. Unipost practicó otra reducción de jornada y una rebaja del sueldo. Sin embargo, no pudo aplicar los 250 despidos que planteaba de inicio. Para no perder la costumbre, 2014 sumó el enésimo ERTE al currículum de Pablo Raventós, consejero delegado de la firma. Así, la plantilla se redujo el 11% entre 2012 y el fin de 2016.
La agonía duró hasta verano de 2017, cuando la empresa presentó el concurso de acreedores. Tras meses de duración, en Navidad se formuló un expediente de regulación de empleo para la totalidad de la plantilla y se procedió al cierre por fases de la empresa, que cesó en su actividad definitivamente en junio. En paralelo fue investigada por la justicia por colaborar, presuntamente, en la organización del referéndum independentista del 1 de octubre.
Mientras, el juzgado de lo mercantil número 7 de Barcelona ultima los trámites para aprobar el plan de liquidación de la firma postal, que valora los activos de la sociedad en 16 millones de euros, y el administrador concursal elabora su informa para dictaminar si los Raventós son culpables o no de la quiebra.
