Los trabajadores de Aguas de Barcelona se querellan contra Recoder

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ya tiene sobre su mesa la primera querella contra la adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona. La Asociació de Treballadors d’Aigües de Barcelona (ATAB) presentó el pasado 8 de noviembre un contencioso administrativo contra el departamento al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que se ha publicitado este martes.

El sindicato de Aigües de Barcelona (Agbar) controlado por USO, denuncia la forma en la que se ha licitado el contrato y el pliego de cláusulas administrativas del concurso. El personal de Agbar ha cargado en varias ocasiones contra la privatización “de un servicio básico” que se hace “con la voluntad exclusiva de hacer caja, como se ha manifestado sin rubor por parte de la Generalitat”, afirmaba hace un mes en un comunicado.

El argumento de ATAB es claro: un servicio público se tiene que adjudicar a quién ofrezca el mejor servicio, una valoración que no se puede hacer sólo basándose en un criterio económico. Y en el concurso de ATLL, la oferta económica de las dos empresas que licitaban (Acciona y Agbar) se valoraba con más puntos que la oferta técnica. El argumento del sindicato va en línea con la valoración que ha hecho la cúpula de la empresa, presidida por Ángel Simón.

Dos recursos más

La sección quinta de la sala de lo contencioso de TSJC ha hecho pública la querella para que los afectados puedan contestar la demanda. No será el único recurso que recibirá Recoder por este concurso. Agbar ya ha anunciado que recurrirá la licitación y, según fuentes cercanas a la dirección, la próxima semana podría iniciar el proceso alegando que los términos económicos que propone Acciona no se ajustan a la realidad. Impugnará el concurso cuando hayan pasado las elecciones catalanas del próximo domingo.

Además del principal rival del adjudicatario, también plantea presentar un recurso contra el proceso la plataforma ecologista Aigua es Vida. La organización considera que se degrada un servicio público esencial al dejar en manos de una empresa privada la gestión del agua desde su origen (una planta desalinizadora o un pantano) a los depósitos de cabecera de los municipios a lo largo de 50 años, como hace Recoder con ATLL. Afirman que el Estatut de Catalunya de 2006 impedía una concesión administrativa en este sentido al ser un “servicio básico”.