Los nuevos contratos matienen a flote a José Manuel Revuelta al frente de Navantia
Los cambios en el Gobierno y la nueva presidencia de la SEPI parecen no pasar factura al máximo responsable de los astilleros públicos, que conserva su cargo a pesar sus encontronazos políticos y de las reiteradas peticiones de cese por parte de los trabajadores
Desde que llegó al cargo en el año 2012, José Manuel Revuelta ha tenido que batallar contra la falta de actividad en los astilleros, la presión política y las críticas de los trabajadores. A pesar de ello, y de los recientes cambios políticos, que han colocado a Pilar Platero al frente de la SEPI en sustitución de Ramón Aguirre, el presidente de Navantia ha conseguido mantener su puesto al frente de la empresa pública.
Este economista, que llegó a Navantia procedente de Cementos Portland Valderribas, filial de FCC, conoce bien el sector cementero, ya que trabajó para varias compañías del ramo. Antes lo había hecho en el grupo Repsol YPF, donde ocupó los cargos de director corporativo de Asuntos Institucionales y adjunto del entonces presidente, Alfonso Cortina. Un curriculum que, como denuncian los sindicatos, poco tiene que ver con el sector naval.
Contratos a cuentagotas
Desembarcó en la empresa pública en un momento en el que los astilleros de Ferrol, Cádiz y Cartagena clamaban por carga de trabajo. Los contratos fueron llegando con cuentagotas. Fragatas para Australia, floteles para Pemex, petroleros, patrulleras, jackets para parques eólicos marinos… Sin embargo, su actividad nunca ha dejado de ser cuestionada.
A pesar de ello, ha logrado mantenerse en el puesto. De hecho, el próximo fin de semana viajará a Arabia Saudí junto con el rey Felipe VI con la intención de desbloquear un contrato de más de 2.000 millones de euros para la construcción de cinco barcos que, de conseguirlo, afianzaría un poco más su posición.
Conflictos
A Revuelta, las críticas le llegaron por todos los frentes. Uno de los primeros en cuestionarle fue el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que le reprochó su falta de mano izquierda para obtener encargos y, además, desviar carga de trabajo a Cádiz y cobrar un sueldo que entonces casi triplicaba el del presidente autonómico y que, todavía hoy, sigue estando entre los más altos de la administración.
También tuvo sus más y sus menos con el anterior presidente de la SEPI, Ramón Aguirre. El entonces titular del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda que controla los astilleros públicos, tiró de las orejas a Revuelta por la mala marcha financiera de la empresa, que lastraba los resultados de la sociedad pública y que, por primera vez, tenía que acudir a los bancos para financiarse. Finalmente, Aguirre renunció al cargo para ocupar su escaño como diputado antes de agotar su mandato.
Hace unos días, el ministro Cristóbal Montoro quitaba hierro al asunto y salía en defensa de los directivos de Navantia que, según manifestó, estaban trabajando para despejar el futuro de los astilleros.
Diálogo de sordos
Pero sin duda, la lucha más encarnizada es la que ha mantenido Revuelta con los sindicatos. Recientemente, el presidente de Navantia ha recibido un revés en los juzgados tras desestimar el Supremo el recurso presentado por la empresa pública contra la decisión de la Audiencia Nacional, que invalidó el cuarto convenio colectivo de los astilleros públicos, al considerar que la dirección de la empresa obró de mala fe, por haber negociado un convenio con un comité intercentros que no estaba reconocido para ello, sin hacerlo tal y como era habitual con los representantes de los sindicatos legitimados».
Para los sindicatos, la resolución del Supremo es también una prueba de la deficiente gestión de la dirección de Navantia. Llevan meses pidiendo la salida de José Manuel Revuelta de la presidencia de los astilleros públicos. Entre sus argumentos, los enfrentamientos a los que ha sometido a los astilleros de la Bahía de Cádiz y de la Ría de Ferrol por los respectivos desvíos de carga de trabajo, su «nula» capacidad de diálogo o su «falta de respeto» hacia los representantes de los trabajadores.
Consideran que los datos económicos tampoco lo avalan, así como la falta de un nuevo modelo de gestión tanto para la producción como para la política de compras. Por todo ello, los comités de empresa han pedido también a la nueva presidenta de la SEPI que reconsidere su continuidad.