Los fondos sientan a España en el banquillo por las renovables

Los abogados del Estado no dan abasto. Está resultando ingente el trabajo para defender al Reino de España ante los litigios interpuestos por fondos de medio mundo contra el recorte de las primas a las energías renovables acometido por el Gobierno español, en el marco de la reforma del sistema eléctrico. Indemnizaciones de cientos, sino miles, de millones de euros están en juego.

Hasta el mismísimo rey Juan Carlos ha intercedido en persona para que, al menos uno de los demandantes, el emirato de Abu Dabi, se lo piense dos veces, y retire la solicitud de arbitraje interpuesta, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por Masdar, filial de Mubadala Development Company, el fondo soberano del emirato. Habrá que ver si la mediación tuvo éxito.

Caso omiso a Soria

Quien no lo obtuvo fue el ministro de Industria, José Manuel Soria. A finales de diciembre de 2013 y ante la que se avecinaba, se reunió en el Ministerio con representantes de los fondos que habían presentado las primeras demandas para que las retiraran. No le hicieron caso alguno.

Semanas después se conocía que el CIADI había designado árbitros para tres de los cuatro procedimientos abiertos –un quinto fue presentado el pasado viernes por NextEra, gigante estadounidense de renovables–, en concreto los promovidos por el fondo de infraestructuras RREEF, ligado al Deutsche Bank; por Antin, firma francesa de inversión en infraestructuras en la que BNP es su principal inversor, y por el fondo británico Eiser, creado por el banco holandés ABN Amro, que opera en España con Elecnor.

Cambio de reglas a mitad de partido

Todos basan su solicitud de arbitraje en lo mismo, que se han cambiado las reglas de juego a mitad del partido y con efectos retroactivos. Les decía el ministro Soria, para echar más leña al fuego, que habían hecho unas inversiones con vistas a obtener una rentabilidad superior al 20% durante toda la vida, y que eso no ocurre en ningún país del mundo.

El problema es que lo hicieron, como señala el Deutsche Bank, para justificar su inversión a través de RREEF, “en un marco regulatorio transparente, estable y atractivo” que garantizaba la venta de su producción durante toda la vida operativa de las instalaciones.

Sin primas no hubiera habido inversión

Tanto el fondo alemán como los franceses de Antin habían comprado a ACS el 90% de las centrales termosolares Andasol 1 y 2, en la localidad granadina de Guadix, en una operación valorada en 830 millones de euros, deuda incluida, y contaban con las primas para que el asunto les saliera rentable. Sin primas no hubieran entrado.

El polémico Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, establece que los nuevos parámetros de retribución a las renovables tendrán en cuenta toda la vida útil de las instalaciones, de forma que muchas de ellas, como el caso de los parques eólicos anteriores a 2005, se quedarán sin derecho a recibir primas, y otras verán cómo estas se reducen de manera notable.

200 millones de perjuicio

NextEra, el gigante estadounidense, también ha echado sus cálculos sobre la incidencia de sus dos plantas termosolares en Madrigalejo (Cáceres) con una potencia instalada de 99,8 megavatios. Más de 200 millones de euros de ingresos menos.

Recurrir al CIADI, institución del Banco Mundial que busca brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales, no resulta barato. Hablamos de casi 20.000 euros por registrar la solicitud de arbitraje, a los que habría que añadir otros 2.200 euros de honorarios de los conciliadores, árbitros, comisionados y miembros de comités por cada día de trabajo, durante un periodo de entre cuatro y seis años.

Demandas al margen del CIADI

Y, sobre todo, las gravosas costas, de unos cuatro millones de euros, y esas minutas que perciben los grandes despachos de abogados contratados por los demandantes. Cuatrecasas es uno de ellos.

Además de las cinco solicitudes de arbitraje interpuestas ante el CIADI, existen tres registradas ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo por parte de Isolux Infraeestructure, filial de Abengoa, y las sociedades de inversión Charanne y Construction Investment.

Y una última, presentada en noviembre de 2011 ante la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Internacional (UNCITRAL), por parte de un grupo de dieciséis inversores, contra el recorte promovido por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.