Los exministros de Rajoy se buscan la vida en la empresa privada
Rafael Catalá, Soraya Sáenz de Santamaría y Román Escolano ya se han lanzado a la empresa privada, poco más de un año después de dejar el Gobierno
La empresa privada ha puesto el foco, desde hace años, en los altos cargos de gobiernos pasados. Compañías del IBEX, bufetes y consultoras han reclutado a exministros, directores generales y antiguos embajadores para que ocupen puestos de responsabilidad. Esto es compatible con lo que marca la legislación siempre que se cumpla un requisito: durante los dos años siguientes a la salida de un alto cargo del Gobierno este no pueden trabajar en empresas sobre las que tomaron decisiones para evitar conflictos de interés, aunque pueden recurrir a la Oficina de Conflictos de Intereses para solicitar una autorización que les permita el desempeño de la actividad privada.
Según la información que adelanta este lunes El País, un tercio de los ministros del segundo Gobierno de Mariano Rajoy ya ha cruzado la puerta giratoria. El último fichaje ha sido el de Rafael Catalá, ministro de Justicia con Rajoy, que trabaja actualmente para la empresa de apuestas Codere, tras dejar su puesto en el Ejecutivo hace poco más de un año.
Otros nombres que formaron parte del Consejo de Ministros de Rajoy y que ahora se han pasado al bando privado son Román Escolano, titular de Economía, en la consultora Llorente & Cuenca y la auditora Ernst&Young (EY); Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, en la consultora Amrop Seeliger y Conde; Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta en el despacho Cuatrecasas, y Fátima Báñez, ministra de Empleo, en la CEOE.
A lo largo de los años, altos cargos de Gobierno han pasado a ocupar puestos relevantes en energéticas y grandes constructoras del IBEX: José María Aznar en Endesa, Felipe González en Gas Natural, Ángel Acebes en Iberdrola o Isabel Tocino en Enagás.
Los altos cargos cuentan con alternativas de ingresos para que no se queden sin percibir ningún ingreso durante el periodo de incompatibilidad. Si los altos cargos salientes no tienen ofertas o deciden esperar a que pase ese periodo tienen derecho a una pensión indemnizatoria tras el abandono del cargo que equivale al 80% de su retribución y que es incompatible con cualquier otro sueldo, público o privado.
La legislación, en el punto de mira
Para acceder a la empresa privada, los altos cargos deben solicitar una autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Según explica El País, esta oficina permite el 98% de los pasos a la privada que le solicitan los altos cargos y solo se ha denegado el permiso a acceder a la empresa privada a directores generales, consejeros delegados de empresas públicas y dos exembajadores.
Las inconformidad con la legisación vigente respecto a este tema ha quedado patente en los últimos meses. Tanto el PSOE como Unidas Podemos incluyen medidas en sus programas electorales para reforzar la normativa. Los socialistas abogan por “endurecer las sanciones por su incumplimiento” y Unidas Podemos presentó en febrero una proposición de ley que incluía penas de cárcel para quienes tomen decisiones “contaminadas” por la actividad privada.
