Los empresarios denunciarán en Bruselas al Gobierno por la morosidad
La Plataforma contra la Morosidad acudirá a la Unión Europea si las administraciones españolas mantienen los retrasos en los pagos
Los empresarios que luchan para que las administraciones y las empresas cumplan sus pagos a tiempo han dado un ultimátum al gobierno español. Si las promesas de pago a todos los proveedores de las administraciones, hechas este jueves por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no se cumplen, la plataforma denunciará al gobierno español ante la Unión Europea.
Bruselas ya ha advertido a España que el retraso sistemático de las administraciones públicas a sus proveedores contraviene las normativas comunitarias. Aprovechando la advertencia, el colectivo organizó este jueves un encuentro con las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso (PP, PSOE, CiU y ERC) para pedir –rogar, en palabras de su presidente Antoni Cañete— un marco sancionador para las empresas y entidades morosas.
Sede europea
“Si a partir de enero, las administraciones no pagan las facturas pendientes a los proveedores, acudiremos a todas las instancias para exigir nuestros derechos. Esto incluye, por supuesto, a Europa”, explicó el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete.
Y como demostración de que habla en serio, la plataforma envió un mensaje subrepticio a la clase política. El encuentro se celebró precisamente en la sede de la Unión Europea en Madrid.
Las listas
Los impagos son los responsables de que en España hayan cerrado 150.000 empresas desde el inicio de la crisis, según la organización. Para detener la tendencia, la plataforma ha propuesto un estricto régimen sancionador que establezca multas para las empresas morosas.
“Queremos proponer sanciones de hasta 900.000 euros para las empresas o administraciones que de forma reiterada pagan con enormes retrasos a sus proveedores y los obligan a cerrar. Es una sangría para la economía que nos hace menos viables”, explica Cañete.
Los empresarios también han propuesto la publicación de las sanciones impuestas y el nombre de las entidades. Y como castigo máximo, la clausura.
