Los Carulla no paran al juez

El magistrado Josep Maria Miquel Porras, titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona ha desestimado, por segunda ocasión consecutiva, que la investigación sobre un presunto delito fiscal de los integrantes de la familia Carulla sea sobreseída, tal y como ha reclamado la defensa de los imputados.

En un auto notificado a las partes en las últimas horas, el juez ordena continuar con la investigación a la espera del informe pericial que permita concretar el volumen defraudado por los propietarios del grupo industrial Agrolimen.

La defensa de los hermanos Carulla, todos ellos imputados en su calidad de accionistas del grupo, ha estado encomendada a los abogados Emilio Zegrí y Fermín Morales. Uno de los aspectos que afectan al proceso es la determinación de si Jordi Carulla tenía o no residencia fiscal en Londres y, en consecuencia, debía tributar en España por impuesto de la renta y de patrimonio.

“La defensa da mucha importancia a si vivía en Londres o no, pero al final lo importante aquí es la operación de Ausonia, lo del domicilio es relativo”, aseguran fuentes jurídicas conocedoras del caso. En el presunto delito tributario cometido por los Carulla lo que se investiga es por qué unos beneficios que se tenían que repartir como dividendo acaba apareciendo en el patrimonio de los imputados sin tributar previamente. La posible irregularidad, según las mismas fuentes, rondaría los seis millones de euros.

Estrategia concursal

Al magistrado titular del caso le ha surgido otro problema en el proceso. La defensa de los Carulla ha criticado reiteradamente a la inspectora de la Agencia Tributaria que se ha encargado de su expendiente. Fuentes vinculadas al proceso aseguran que los propietarios de Agrolimen han reprobado sus informes en la medida en que consideran que existe una predisposición en contra.

Para evitar el bloqueo del caso, el juez ha admitido que se designe un segundo perito. El nuevo especialista será de la Generalitat o de cualquier otra administración pública. Todavía no ha sido nombrado.

Posibilidad de regularizar

Una de las posibilidades que se plantean como más factibles para resolver el caso es que los Carulla regularicen su situación fiscal con Hacienda y concentren las responsabilidades en una única persona. “Eso permitiría que algunos familiares, como las mujeres, quedarán fuera del caso y que uno de los hermanos asuma la responsabilidad de esa gestión tributaria. Así, al final, se concentraría y atenuaría la pena”, relata una de las partes.

Los seis hermanos Carulla habrían cometido el presunto fraude a través, sobre todo, de una operación de compraventa de acciones entre sociedades del grupo. Fruto de dicha maniobra, los Carulla habrían ocultado, siempre supuestamente, 61 millones al fisco. Esta cantidad serían ganancias de la empresa Arbor Investment, que terminaron en una de las sociedades instrumentales del grupo, con sede en Holanda, después de la citada compraventa.