Los Almodóvar reciben un euro público por cada cinco de taquilla
El Deseo SA, propiedad de Pedro y Agustín, ha recibido 6,4 millones de euros en subvenciones desde 2006. En este tiempo, la facturación de sus grandes éxitos alcanza los 25 millones
El apellido Almodóvar es sinónimo de éxito en la industria del cine español. Pedro y su hermano Agustín encabezan El Deseo SA, el sello bajo el que se producen todas las películas del director manchego, además de otros proyectos puntuales. Apoyados en un éxito continuado en la taquilla, esta firma creada a mediados de los 80 acumula en los últimos años 6,4 millones de euros en subvenciones públicas, en torno a una quinta parte de la caja hecha en este tiempo en los cines.
La cifra refleja cómo el actual sistema de prestaciones ha apoyado, fundamentalmente, a los proyectos y nombres de más éxito de la cinematografía nacional. Dentro de ellos destacan los Almodóvar, enfrascados ahora en la promoción de su última obra, Julieta, empañada por la vinculación de los hermanos con una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas.
Cuatro ‘taquillazos’
Este flujo de dinero público comienza en 2006 y llega hasta hoy, un tiempo en el que El Deseo ha llevado a las salas los filmes Volver (2006), Los abrazos rotos (2009) y La piel que habito (2011). En este periodo también estrenaron Los amantes pasajeros (2013), todavía pendiente de subvención: las ayudas se entregan al menos a dos años vista, una vez contabilizados el número de espectadores que han pasado por las salas.
Por el mismo motivo, dentro de los 6,4 millones aparece la cantidad entregada (un millón) por el éxito de La mala educación (2004). El filme protagonizado por Gael García Bernal y Fele Martínez logró por sí mismo recaudar más de seis millones en entradas.
Facturación de 25 millones
Un dato refleja hasta qué punto las ayudas provenientes del Ministerio de Cultura resultan importantes para productoras de la primera línea, como El Deseo. En conjunto los cuatro taquillazos de los Almodóvar premiados por el Estado en la última década facturaron alrededor de 25 millones de euros. Esto es, a cada cinco euros en taquilla, se sumó uno de dinero público.
Desde la cartera dirigida en funciones por Íñigo Méndez de Vigo explican a este diario que el actual sistema de ayudas está en visos de desaparecer, aunque se mantendrá en vigor hasta 2018. A partir de entonces, las subvenciones se acercarán más al modelo creado en los 80 por la directora y ex responsable del cine español, Pilar Miró, ya fallecida.
El objetivo pasa por que las productoras reciban el dinero público por anticipado, según el tipo de proyecto y aspiraciones de la película.
Complejo sistema de ayudas
A día de hoy, el grueso del capital proveniente del Estado que recibe el cine español se canaliza a través de las ayudas a la amortización de largometrajes, que se dividen en dos tipos, la ayuda general y complementaria. Mientras que la primera sólo tiene en cuenta el número de espectadores por película, la segunda funciona a partir de un baremo de puntos que tiene en cuenta, entre otras cuestiones, el coste de la producción o si la productora es independiente.
En total, entre ambas cifras ningún filme puede superar el millón y medio de euros de subvención (cantidad alcanzada, por ejemplo, por La piel que habito en 2013). A ellas hay que sumar diversos tipos de ayudas relacionadas con, por ejemplo, la participación en festivales, la creación de copias para la conservación de los negativos o la distribución de ciertas películas.
Hachazo a las ayudas
A pesar de las polémicas que en ocasiones han levantado las ayudas al cine español, éstas son claramente inferiores a las de los países de nuestro entorno. Especialmente si se mira a lugares como Francia o el Reino Unido, con industrias más potentes.
Una diferencia que se ha agrandado en los últimos años debido al hachazo del Gobierno de Mariano Rajoy a las partidas presupuestarias dedicadas a la cultura. Un recorte del que no se ha librado el cine: desde 2011 el total de las subvenciones no ha dejado de caer. En 2014, último año del que se tienen cifras, fue de 50,8 millones, muy lejos de los 100 consensuados en su momento por el Congreso de los Diputados.