El Govern compra el sí de las cámaras de comercio a la nueva ley
La consejería de empresa ultima el proyecto de ley de cámaras tras llegar a un acuerdo con el sector a cambio de más financiación y representatividad
La ley de cámaras está siendo uno de los caballos de batalla del actual Govern de la Generalitat. Tras un intento fallido de aprobar la ley, que todo el sector empresarial rechazó, la guardó en un cajón y decidió no llevarla al Parlament. Hace unos meses volvió a quitarle el polvo, pero esta vez negociando con las cámaras, y ambas partes han llegado ya a un acuerdo de nueva ley, que mejorará la financiación de las cámaras y su peso en la nueva Cámara de Comercio de Cataluña.
El proyecto de ley verá la luz en cuestión de pocas semanas, según explicaron desde el Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña, un organismo formado por todas las entidades camerales de la región, y confirmaron fuentes de la consejería de empresa de la Generalitat. El objetivo es que se apruebe cuanto antes para que pase por el Parlament y pueda entrar en vigor en octubre, cuando las cámaras de toda España tienen el mandato de empezar a preparar las elecciones.
Narcís Bosch, director gerente del Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña, explicó a Economía Digital que “la ley es inminente” y habló de un par de semanas, ya que “el Gobierno tiene interés en que se hagan elecciones”. No obstante, es poco realista pensar que se pueda aprobar en el Parlament antes del verano.
Las cámaras rechazaron el primer proyecto de ley pero ahora han llegado a un acuerdo con el Govern
Las cámaras de comercio, que rechazaron frontalmente el primer proyecto de ley, presentado a finales de 2016, esta vez están en sintonía con el Govern. Pese a que esperarán a ver el redactado final para posicionarse oficialmente, sí que existe un acuerdo con Jordi Baiget, consejero de empresa, para apoyar la ley, siempre que el texto definitivo recoja sus reivindicaciones. “Nuestra principal preocupación era ver cómo se articulaba el capítulo de organización y la financiación”, aseguró Bosch, pero estos temas ya se han resuelto.
El director de las cámaras catalanas explicó que el primer proyecto de ley no entraba a fondo en la financiación pública que podían recibir las entidades, pero tras las negociaciones, han logrado concretar en qué casos recibirán dinero por parte de las administraciones. Por ejemplo, las cámaras catalanas recibirán dinero por participar en organismos institucionales, como mesas asesoras o de debate, o para celebrar sus propias elecciones.
Bosch argumentó que, desde la supresión de las cuotas obligatorias, las cámaras, que han tenido que hacer un importante ejercicio de constricción, viven esencialmente de los servicios que prestan a las empresas y la mayoría no reciben dinero público. Además, concretar las vías de financiación es algo que “ya está previsto en la ley española”, que sirve de ley marco para las leyes autonómicas. El directivo cameral no concretó las cantidades que cobrarán las organizaciones procedentes de las arcas de la Generalitat.
La Generalitat ofrece a las cámaras de comercio financiación y más peso en la Cámara de Cataluña
El otro punto caliente de la ley era el organismo supracameral. El Govern planteó crear la Cámara de Comercio de Cataluña, a imagen y semejanza de la Cámara de España, para sustituir al Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña. El problema era que este nuevo estamento tenía mucho más poder, mientras que el actual consejo está totalmente en manos de las cámaras catalanas. El sector sospechaba que el Govern quería utilizar la nueva Cámara de Cataluña para controlarlas, e incluso se especuló con Antoni Abad, presidente de Cecot, cercano al Pdecat, para presidirla.
Las cámaras han aceptado que el nuevo organismo supracameral tenga participación de patronales, empresas y otras entidades extracamerales, pero a cambio de tener más peso. “Hemos buscado una solución para hacer la Cámara de Comercio de Cataluña con más representatividad de las cámaras, más acorde con lo que queremos”, dijo Bosch, aunque no concretó el peso que tendrá cada colectivo.
Ultimátum del Gobierno para las elecciones camerales
El Consejo de Cámaras, presidido por Miquel Valls, espera recibir en breve el documento del proyecto de ley, para corroborar que se han recogido sus reivindicaciones y poder darle el visto bueno. Después lo aprobará el Govern y tendrá que ir al Parlament, donde se pueden introducir enmiendas. Aunque no las haya, no se prevé que se apruebe antes de verano, por lo que quedaría pendiente para los últimos meses del año, pero no se pueden demorar demasiado.
El Gobierno aprobó la ley en 2014 y dio seis meses a los gobiernos autonómicos para hacer su propia ley. Muchas CCAA siguen teniéndola pendiente, pero ahora el ejecutivo de Rajoy ha puesto un ultimátum para que las cámaras hagan elecciones, pendientes también desde 2014: tienen hasta septiembre del año que viene. A partir del 2 de octubre pueden convocarlas, pero para hacerlo necesitan la ley. Es decir que ahora sí que el tiempo apremia.
