Las energéticas confían en que el Gobierno enmiende a Competencia
El informe de Competencia que recomienda recortar la retribución de eléctricas y gasísticas hunde a Naturgy y Enagás, pero no es vinculante
Bruselas alertó en mayo de la alta fiscalidad eléctrica en España.
Las empresas energéticas vuelven a estar en el punto de mira en España. Un informe de la CNMC propone recortar la retribución de las redes de distribución de gas y electricidad. La medida supondría un hachazo de unos 600 millones a las compañías, lo que hundió a algunas de ellas en bolsa, como Enagás y Naturgy. No obstante, las empresas se mantienen tranquilas y confían en que el Gobierno dialogará con ellas y enmendará a Competencia.
El pleno de la CNMC aprobó la semana pasada abrir a consulta pública su propuesta de retribución a partir de 2020 de lo que las energéticas cobran por el uso de las redes. Su rebaja sería del 14% para la distribución de electricidad y de entre el 30% y el 40% para la de gas. Las eléctricas pasarían de cobrar una tasa del 6,5% al 5,5%, mientras que para el gas se rebajaría de entre el 10 y el 11% hasta el 7% de forma gradual.
Se calcula que el impacto puede alcanzar los 600 millones de euros anuales, y los más afectados serían Red Eléctrica, que se ocupa del transporte de la electricidad, Enagás, que tiene el mismo papel en el gas, y Naturgy, que domina buena parte de la distribución de este hidrocarburo. El resto de eléctricas, especialmente Endesa e Iberdrola, también saldrían perdiendo, pero en menor medida ya que solo actúan como distribuidoras de electricidad.
Estos impactos en diferente grado se visualizaron con claridad en la bolsa: las pérdidas se iniciaron este jueves solo conocerse los planes de Competencia, pero afectaron más a aquellas que tienen más que perder que al resto. Así, Enagás y Naturgy se llevaron la peor parte, con caídas del 4,3% y el 3,4% respectivamente, mientras que REE cayó un 1,75%. Endesa e Iberdrola bajaron solo un 0,68% y un 0,75% respectivamente.
Calma en las eléctricas y gasísticas
Pese al impacto en bolsa, una reacción inmediata, en las empresas reina cierta tranquilidad. Fuentes del sector explicaron que lo ven con calma y con la confianza de que la propuesta de los expertos de José María Marín Quemada no es vinculante y de que su posición se matizará antes de aprobar la nueva retribución. La incertidumbre política lo deja todo en el aire, pero sea quien sea el presidente del Gobierno los próximos meses y años, el tema deberá ponerse sobre la mesa.
En las compañías, que no han querido hacer declaraciones pues este jueves por la tarde ni siquiera habían visto todavía la propuesta de la CNMC, son conscientes de que el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ven con buenos ojos recortar la retribución de las energéticas. Pero también creen que deberán sentarse a negociar con ellas, algo que Competencia no han hecho, y buscar algo parecido a un acuerdo.
Teniendo en cuenta ambos factores, el horizonte que vislumbran las empresas, siendo realistas, es que habrá un recorte de la retribución pero que no llegará a las cifras que pide la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Según las fuentes consultadas, creen que matizarán a la CNMC para no espantar a los inversores y perjudicar a los clientes.
Los argumentos que las eléctricas y gasísticas pondrán encima de la mesa para mitigar el recorte en el transporte y distribución de gas y electricidad son tanto de negocio como de rentabilidad. Si el servicio no es suficientemente rentable, ello puede suponer un descenso de las inversiones en nuevas redes y en la modernización e incluso mantenimiento de las existentes, lo que puede ser un problema máxime en un momento de apuesta por las renovables, que pueden exigir más y mejores infraestructuras de transporte.
Las empresas energéticas temen que los inversores se marchen a otros países si pierden rentabilidad por culpa de la regulación
Otra razón es el interés que despierta entre los inversores internacionales el sector energético español. El año pasado, las redes de gas fueron precisamente objeto de deseo de los fondos de inversión. Goldman Sachs vendió el 50% de Redexis a varios fondos por 1.500 millones y Naturgy el 20% de su red de distribución a Allianz Capital Partners y al canadiense CPPIB también por 1.500 millones. Si la rentabilidad baja, los inversores huirán a otros países, advierten. Por ello las compañías abogan por una retribución al nivel del resto de países de Europa.
Algo que también debe tener en cuenta el Gobierno es a quién terminará perjudicando finalmente este cambio. ¿A las compañías o a los consumidores? A clientes con tarifas reguladas no se les puede subir la factura, pero sí a aquellos que están en el mercado libre, cada vez más.
Encarecer el proceso puede tener un efecto bumerán y terminar golpeando a los consumidores, como ha sucedido, por ejemplo, con el impuesto de la concesión de hipotecas: tras cargarlo a la banca, los intereses que cobran las entidades han subido, como ha constatado el Banco de España. Ha sido muy poco, pero suficiente como para superar lo que el cliente se ahorra en el momento de la formalización de la hipoteca.
