La sombra del fundador de Establiments Miró se cierne en el tramo final de la adjudicación

Los juzgados de Barcelona acogen este lunes la última etapa de la adjudicación de Establiments Miró, en quiebra desde marzo pasado por segunda vez. Sobre la mesa, tres ofertas se disputan la compra de la compañía. La mejor posicionada la presenta un grupo de directivos de la propia firma. Fuentes empresariales señalan que está tras esta opción se encuentra el fundador de la compañía, Francesc Miró.

El equipo de directivos, liderado por el director financiero, Andrés Vidaller, ofrecieron la semana pasada 500.000 euros por la compañía y el compromiso de mantener la totalidad de tiendas abiertas así como su plantilla. La empresa tiene 80 tiendas y da empleo a 566 personas.

Otros candidatos

En la puja, también se encuentran dos socios del fondo de inversión Abac Capital, que propusieron 250.000 euros y quedarse con 64 tiendas y 361 empleados. El tercero en discordia, Sherpa Capital, ofreció 300.000 euros y mantener 38 establecimientos.

Los tres candidatos acudirán a la vista de este lunes para hacer mejoras a sus ofertas iniciales. Quien resulte ganador, se adjudicará los activos de la compañía pero libre del enorme pasivo que soporta.

Situación crítica

Establiments Miró lleva varios años con el agua al cuello. A principios de 2011, declaró el concurso de acreedores. Meses después, logró levantar la suspensión de pagos tras lograr un acuerdo con la banca. Francesc Miró fue declarado culpable de esta quiebra. La magistrada Nuria Lefort, del juzgado mercantil número 1 de Barcelona, inhabilitó por cinco años al empresario y sólo le dejó al frente de la compañía si conseguía cumplir el convenio.

Pese al acuerdo, la compañía no consiguió conseguir cumplir los pagos de los 282 millones de euros de deuda y volvió a declarar el concurso. Francesc Miró ha quedado apartado de la compañía.

Causas penales

Miró, fundador de la compañía, también está inmerso en dos causas penales por falsear las cuentas. Se trata de dos querellas presentadas por las patronales del sector, Anfe y Fapel, y por La Caixa. Ambas causas siguen adelante.

El juzgado de instrucción 19 de Barcelona considera que existen «indicios sólidos» de conducta delictiva.