La soberanía de la empresa

La caja de Pandora se ha abierto. El todopoderoso editor José Manuel Lara anunció este viernes que en una Catalunya independiente no hay lugar para el grupo Planeta, el conglomerado de empresas que incluye desde la editorial del mismo nombre al periódico La Razón. El motivo: “No tiene sentido tener la sede en un país extranjero en el que se habla otro idioma”, ha manifestado en una entrevista en ABC Punto Radio.

Las reacciones no se han hecho esperar y desde algunos sectores ya se ha tachado al empresario nacido en Barcelona de antipatriótico, traidor y butifler. Pero mientras las atributos se multiplican e intensifican (sólo hace falta repasar las redes sociales), también crece la incertidumbre sobre el futuro de otros headquarters de la capital catalana. Además de otras empresas que, sin ser grandes compañías, tampoco ven su encaje futuro en un Estado catalán.

Dudas

“¿Cómo se convence a una empresa para que se quede en un territorio en el que el mismo Govern dice que se saltará la legislación para convocar el referéndum?”, afirma una fuente consultada por Economía Digital. Sobre todo por multinacionales que usan Barcelona como puerta de entrada al mercado sur de la Unión Europea. “¿Seguirá Catalunya en el seno de la UE?”, inquiere otro interlocutor. Demasiadas dudas de un proceso que parece que no tiene marcha atrás.

El empresariado catalán espera que las pretensiones secesionistas de Artur Mas se enfríen y, al final, la independencia sea un objetiva a largo plazo. Pero si la convocatoria de elecciones anticipadas dejó descolocado al tejido empresarial, el anuncio de Lara ha dado otra pátina de realidad a la situación.

Y el poder económico está por encima del político, al menos en cuanto a las decisiones sobre dónde situarán en el futuro las sedes de las compañías.

Legislación

La legislación española actual limita los caminos que tiene una empresa para poner punto y final a su actividad económica, sobre todo a cuestiones económicas y a la previsión de pérdidas en el futuro. ¿Iría en el mismo sentido la justicia catalana? Pero incluso en entornos jurídicos más proteccionistas para conservar las sociedades en el país, existen casos en los que la soberanía empresarial se ha impuesto.

El último ejemplo de ello es el escándalo en Francia ante la decisión del presidente de Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), Bernard Arnault, de trasladar su domicilio a Bélgica desde París. ¿Sus razones? La clara oposición a la subida de impuestos a las grandes fortunas anunciada por el presidente François Hollande. Su hostilidad a los ejecutivos socialistas es histórica y parece ser que, al final, cumplirá su amenaza. Eso sí, el headquarter de LVMH se quedará en la capital gala. Sólo se exiliará Arnault.