La Sindicatura especifica al fin las irregularidades de la Generalitat en una adjudicación de 665 millones

La Sindicatura de Comptes ha detectado numerosas irregularidades en la adjudicación del contrato millonario de la Generalitat para la instalación de fibra óptica. La adjudicación se formalizó en la etapa del tripartito, en concreto, el 18 de noviembre de 2010, diez días antes de las elecciones.

El departamento encargado de otorgar el contrato fue el de Governació, que en aquel momento estaba dirigido por Jordi Ausàs, de ERC. El antiguo consejero está en este momento cumpliendo condena de cuatro años de prisión por un delito de contrabando y pertenencia a grupo criminal.

El relato de la Sindicatura, contenido en el informe de fiscalización del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información referido a 2010, 2011 y 2012, arranca en febrero de 2010, cuando el Departament de Governació i Administracions Públiques decidió adjudicar un contrato por valor de 662 millones de euros para la instalación de fibra óptica.

La idea era desplegar la red de fibra óptica de banda ancha en todas las sedes «presentes y futuras» de la Generalitat. Además, se preveía instalar un punto de presencia de este tipo de fibra en todos los municipios de Cataluña, lo que implicaba 5.843 sedes y 946 puntos de presencia. La duración del contrato se estableció en 30 años y se presentaron tres ofertas.

Reducción del proyecto

En agosto, cuando ya la crisis arreciaba, el Govern decidió «reducir el alcance inicial del proyecto», que se denominó Xarxa Oberta. Esa reducción supuso pasar a sólo 696 sedes y a 96 puntos de presencia y limitar la instalación de la fibra a las Terres de l’Ebre. También descendió el importe del contrato, que pasó de los 662 millones iniciales a 253,56 millones.    

Ante las nuevas condiciones, dos de los tres candidatos desistieron y quedó uno solo que se hizo con la adjudicación del contrato provisional el 22 de septiembre de 2010. La formalización definitiva se produjo el 18 de noviembre de ese mismo año.

Numerosas irregularidades

El informe de la Sindicatura, que capitanea Jaume Amat, ha detectado numerosas irregularidades en ese proceso. Para empezar, la idea inicial de otorgar el contrato por 30 años era ilegal, ya que la duración máxima permitida por la ley es de 20 años.

Además, el órgano de fiscalización de las administraciones públicas echa en falta buena parte de la documentación obligatoria en el expediente. No constan, por ejemplo, «el documento descriptivo y el programa fundacional» ni tampoco «el documento que certifica la existencia del crédito adecuado y suficiente» requerido por la ley.

Falta de documentación

Tampoco consta que se «efectuase la cuantificación y el análisis de los criterios mínimos de solvencia exigidos a los candidatos». Además, «falta» el acta por el que se aprueba la propuesta de admisión y selección de candidatos» y no consta que las instrucciones del procedimiento de diálogo fuesen aprobadas por el órgano de contratación.

La Sindicatura también ve múltiples fallos en el proceso de diálogo que «no fue constituido válidamente». Y denuncia que el equipo de diálogo fue cambiando lo que «podría afectar al cumplimiento efectivo de los principios de igualdad y no discriminación».

La licitación se debería haber dejado desierta

Además, el informe desvela que, al cambiar las condiciones del contrato inicial, se debería haber anulado la convocatoria e iniciar de nuevo todo el proceso con «una nueva convocatoria pública».

Por último, los auditores públicos ven irregulares los criterios de adjudicación, ya que algunos «están sujetos a juicios de valor que son demasiado genéricos». Y por lo que se refiere a la oferta presentada denuncian que «no cumplía los requisitos mínimos de información», por lo que «debería haber sido rechazada y declarada desierta la licitación».

Incumplimiento de la ley de incompatibilidades

Tras desvelar otras irregularidades en la publicación del contrato, la Sindicatura señala que «en julio de 2012, la persona que había participado en el procedimiento de diálogo (…) pasó a ser director general de la sociedad Xarxa Oberta de Comunicació i Tecnología de Catalunya, lo que supone un incumplimiento de la normativa estatal y catalana sobre incompatibilidades».