La redada de la Guardia Civil en Indra y OHL hunde su cotización

La redada de la Unidad Central Operativa (UCO) ha sacudido los mercados. Los registros que se han llevado a cabo en Indra y OHL han tenido sus primeras consecuencias en la bolsa. Así, la constructora ha cedido un 9% – aunque a las 13:30 había llegado a caer en el parqué madrileño un 12,39%- mientras Indra se ha dejado un 2,24% y ha sido el peor valor del Ibex. Al respecto, la tecnológica ha informado que está proporcionando la información requerida y está prestando la máxima colaboración con las autoridades. 

Entre el resto de empresas involucradas en la operación de la Guardia Civil están Saerco, Licuas y Urbaser, antigua filial de ACS. Todas ellas han sido inspeccionadas tras las  órdenes de la Audiencia Nacional, donde el juez Eloy Velasco investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

En el caso de Licuas, el juez ha ordenado su registro porque esta constructora de obra civil especializada en conducciones hidráulicas para abastecimiento de aguas es una de las principales contratistas del Canal de Isabel II. Por lo que respecta a Saerco, empresa que gestiona torres de control de aeropuertos, la investigación persigue presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos del gobierno autonómico. Por último, Urbaser . La constructora perteneció al grupo ACS hasta finales del pasado año, cuando fue vendida a un grupo de inversores chinos.

Registros UCO: hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna detención

Pero no sólo se han registrado empresas PwC también ha sido refistrada por los agentes de la UCO. La Guardia Civil ha solicitado a la consultora los contratos con la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid, que también está siendo investigada en el marco de esta operación anticorrupción. Asismismo, los agentes han requerido documentación relacionada con un familiar de uno de los imputados. 

La maniobra de la UCO llega un día después de se realizaran 30 registros durante ‘Operación Lezo’ en la que fue detenido el expresidente regional Ignacio González. La operación se saldó con una decena de detenciones por posibles delitos de malversación, blanqueo de capitales y cohecho. Los investigadores centran las pesquisas respecto a este caso en operaciones con empresas de Brasil y Colombia, con las que los gestores del ente público podrían haberse lucrado.