La mayor auditora de ibéricos es sancionada por nuevas irregularidades
La mayor auditora de ibéricos de España vuelve a ser suspendida por graves irregularidades. Ahora sus clientes deberán buscar otra certificadora
La mayor auditora de productos ibéricos de España ha vuelto a ser suspendida por graves irregularidades. Certicalidad, la mayor empresa que inspecciona y certifica los procesos de producción y venta de productos ibéricos, ha vuelto a ser sancionada por incumplimientos graves en sus labores de inspección.
Certicalidad, propiedad del empresario Francisco Caballero Morgade, audita los productos de Comapa, el mayor distribuidor de jamón ibérico en España y que se ha convertido en el charcutero por excelencia de Carrefour, donde ventila sus marcas de bajo coste a precios imbatibles. Su labor básicamente es garantizar que el producto es auténtico, que cumple con las normativas y que no recurre a fraudes para su venta.
Comapa está en el ojo del huracán por su implicación en una trama investigada por la venta de embutidos, productos cárnicos y jamones en mal estado, podridos o caducados, tal como ha publicado en exclusiva Economía Digital hace tres semanas.
Y, mientras avanzan las investigaciones y aumenta el cerco contra el fraude del sector, también comienza la afectación a empresas del entorno. Su compañía auditora, Certicalidad, está suspendida por la Entidad Nacional de Certificaciones, Enac, encargada de supervisar la labor de las sociedades de inspección homologadas.
Al ser suspendida, la empresa adquirió otra certificadora. Se trata de Certibérico Charro, que pertenecía al alcalde de Guijuelo, Francisco Julián Ramos (PP). Pero la compañía acaba de ser suspendida esta misma semana por irregularidades. La empresa ya había suspendido con anterioridad a la compañía por otras irregularidades.
Enac ha confirmado a este medio la suspensión temporal de actividades de Certibérico Charro que ha sido comprada hace pocos meses por Certicalidad, según han explicado a este diario fuentes conocedoras de la operación. Pero Enac no ha querido aclarar los motivos de la suspensión. Considera que se trata de una información de carácter confidencial.
Ni los trabajadores de Certicalidad ni los de Certibérico Charro han querido confirmar la operación. Tampoco lo han hecho el ministerio de Agricultura ni las consejerías de Castilla y León y Andalucía, donde tienen presencia las empresas y donde se ha notificado la fusión.
El secretismo y la opacidad en torno a las actividades de inspección y certificación ha sido denunciados por la propia industria y por empresarios honestos que piden más vigilancia por parte de las administraciones y de las empresas certificadoras. Ahora, las empresas productoras deberán buscar nuevas certificadoras para seguir vendiendo sus productos.
Un sector bajo la sombra de la sospecha
El fraude de falsos productos ibéricos y jamones en mal estado a la venta ha alarmado a los productores tradicionales del ibérico, que denuncian falta de control por parte de las autoridades. El director general de Acerta, que se retiró hace meses del negocio, dejó un mensaje contundente.
“¿Hay fraude en el sector? Sí. Basta ver que no paran de aparecer casos en prensa. ¿Las entidades de inspección son conniventes con el fraude? Queremos creer que en general no, pero conocemos casos que sí”, explicó el director general de la inspectora Acerta al abandonar el sector en un comunicado público.
«Cuando Enac ha puesto en problemas a alguna de las entidades, rápidamente se ha encontrado una solución de compromiso, un parche por fuera de las reglas para amortiguar los daños que ello pudiera provocar en el mercado». «En este sentido, Acerta ha constatado que alguna entidad de control desautorizada ha seguido atendiendo a sus clientes a través de organizaciones terceras y aprovechándose de vacíos legales, sin que la administración pública haya tomado medidas al respecto».
Hasta ahora, los productores y operadores que cumplen la normativa a rajatabla se han quedado de las inspecciones laxas y de la falta de control. Pero las últimas investigaciones y la judicialización de los casos que implican a varias empresas del sector coindicen con sanciones a las empresas.
