La justicia tumba la municipalización del agua en Terrassa
Un juzgado de Barcelona acepta el recurso de Mina Aigües de Terrassa para detener el traspaso de sus bienes al ayuntamiento del Vallès
El juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona ha decidido suspender el proceso de municipalización del servicio de aguas que había iniciado el ayuntamiento de Terrassa. El 1 de diciembre el pleno municipal aprobó la reversión de los bienes de la empresa Mina Aigües de Terrassa y aplicaba una prórroga forzosa del servicio hasta junio de 2017. La justicia ha echado hoy a tierra de momento esa decisión.
La empresa, que presta el servicio público desde 1841, había interpuesto un recurso para detener el proceso. El auto del juez lo ha aceptado hoy y lo ha notificado en forma urgente al gobierno municipal del socialista Jordi Ballart.
En otro orden de cosas y ante la improvisación de que hacía gala la decisión municipal, el Departamento de Trabajo de la Generalitat había citado a los representantes municipales y de la empresa para que aclarasen cómo se realizaría la subrogación de los trabajadores de Mina Aigües de Terrasa a la plantilla comunal, así cómo se garantizarán sus derechos históricos.
La extinción del contrato de Mina había despertado una fuerte polémica en Terrassa. Diversas agrupaciones como ERC, Terrassa en Comú, CUP, Podem, CCOO, UGT y la FAVB firmaron un Pacto Social para el Agua Pública para presionar al ayuntamiento con la municipalización del servicio.
Pero figuras políticas como Manuel Royes, alcalde entre 1979 y 2002 del mismo partido que el actual, defendía la gestión de la empresa y sugería como fórmula intermedia que se formara un consorcio mixto para prestar el servicio.
La polémica por el agua vuelve a poner en la picota al alcalde Ballart, que ha sido acusado por la oposición de ser preso de las posturas de partidos radicales, y de tener mano blanda ante problemas como la ocupación de viviendas.
