La Guardia Civil desmantela otra empresa de falsos ibéricos

La trama de empresas que comercializan productos ibéricos adulterados no deja de crecer. La Guardia Civil ha destapado a una nueva empresa distribuidora que vendía paletillas ibéricas con precintos falsificados.

Un camión de la empresa Lardeo Charro 2000 SL fue detenido por la Guardia Civil en un trayecto entre la sede del distribuidor, en Madrid, y el lugar de destino: la empresa Leyfam, con sede en Ávila.

El administrador único de la empresa, Carlos Javier Rodríguez Hernández, fue detenido e interrogado en una de las sedes de la Guardia Civil en Madrid, según confirmó el cuerpo policial. Después de prestar declaración, el detenido pasó a disposición judicial.

Un camión lleno de paletas ibéricas fue incautado por transportar producto falsificado y cuyo origen real se desconoce. La operación se suma a otros camiones incautados en Granada en verano y a las inspecciones sorpresas de la policía en Comapa, el distribuidor de referencia de ibéricos de Carrefour, que también está siendo investigado por el mismo caso.

La Guardia Civil no confirmó los cargos que se le imputan e informó que la operación contra este nuevo entramado empresarial sigue en marcha. Las acciones policiales podrían generar nuevas detenciones e incautación de producto en los próximos días.

Facturación disparada

La empresa Lardeo Charro duplicó su facturación en 2017 al pasar de poco más de tres millones de euros hasta superar los seis millones de euros en apenas dos años. 

Con esta operación, la Guardia Civil desarticula una nueva distribución de jamón irregular después de las macro-operaciones llevadas a cabo en Extremadura, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid durante este verano.

Los responsables de la empresa compradora habían podido demostrar que no eran conscientes que estaban comprando jamones fraudulentos, según las mismas fuentes. 

Al menos dos juzgados en España investigan una red de empresas que se dedica a vender jamones ibéricos fraudulentos y productos cárnicos en mal estado que ya implica a medio centenar de empresas de varias comunidades autónomas españolas. La red captaba jamones a punto de superar la fecha de consumo preferente para «adecentarlos» y reetiquetarlos para venderlos como nuevos. Los juzgados de Alzira, que han interrogado a más de un centenar de personas relacionadas con la red, acaban de declarar «compleja» la causa judicial.