La Generalitat paga a El Corte Inglés para que venda su tecnología de certificación TIC
La concesión dura un mínimo de cuatro años y llega a los 627.000 euros, casi la mitad del presupuesto base de licitación
Informática El Corte Inglés ha conseguido un contrato estratégico, según fuentes de la compañía, con la Generalitat de Catalunya. Se encargará como mínimo los próximos cuatro años de comercializar tanto en España como en el extranjero la plataforma que el gobierno catalán ha desarrollado para ofrecer certificados que acreditan los conocimientos en tecnologías de la información. El denominado sistema Actic.
La compañía presidida por Isidoro Álvarez se ha impuesto en el concurso público a Everis y a una joint venture creada entre UPC Net y Seidor. La concesión es prorrogable otros dos años y se ha firmado por 627.966,61 euros, tal y como se publica en el Diari Oficial de la Generalitat. Casi la mitad que el presupuesto básico de licitación.
El Ejecutivo de Artur Mas justifica el descenso en el importe de adjudicación porque estima que El Corte Inglés ya se quedará parte de los ingresos de la comercialización de la plataforma, por lo que no es necesario pagar ciertos mantenimientos, indican los mismos interlocutores.
Explotación de ‘software’
Los responsables de informática de El Corte Inglés sacarán de entrada de los servidores de la Generalitat el software que gestiona la plataforma y lo adaptarán para conseguir una visión “más neutra” del sistema, señalan fuentes de la compañía. La versión resultante será la que saquen a la venta. Deben abrir red tanto en el mercado nacional como el internacional, lo que aporta valor añadido a la división del gigante del retail.
La concesión queda al margen del denominado contrato del siglo, los servicios TIC de la Generalitat privatizados en septiembre de 2012. El Govern tuvo problemas para hacer frente a los primeros pagos pactados en este contrato. Fuentes cercanas al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) indican que a finales del primer trimestre de este ejercicio ya se regularizaron todos los importes pendientes. Los mismos interlocutores señalan que los problemas no se repetirán en este contrato, cuyo montante queda muy lejos de los 2.800 millones que se movieron en la macroadjudicación.
