La Generalitat multará a Telefónica, Vodafone y Orange
La Agencia Catalana de Consumo quiere sancionar a las compañías telefónicas por haber subido los precios sin informar
Vodafone España. EFE/Javier Lizón
El Govern de la Generalitat ha propuesto sanciones para Vodafone, Telefónica y Orange, a raíz de los aumentos de precios que las teleoperadoras han llevado a cabo de forma unilateral. La Agencia Catalana de Consumo (ACC) ya ha abierto expedientes sancionadores, con multas que suman un total de 7,9 millones de euros.
Telefónica es la compañía a la que se sanciona más duramente, con una multa de 5 millones de euros; que se dividen entre Telefónica España SAU (4,4 millones) y Telefónica Móviles España SAU (669.765 euros). Por otro lado la ACC propone también 1,7 millones de multa para Vodafone y 1,1 millones para Orange.
El secretario de Empresa y Competitividad, Joaquim Ferrer y la directora de la agencia, Elisabeth Abad, consideran una “práctica abusiva” estas subidas de precio. Ambos han expuesto el conflicto durante la presentación del informe anual de quejas de los consumidores catalanes en el Día Mundial del Consumidor.
Telefónica, Vodafone y Orange, blanco de las quejas de los consumidores
El caso tiene su origen en un incremento de las reclamaciones por parte de los usuarios entre finales del 2017 y principios de 2018. Según los consumidores, las operadoras de telecomunicaciones empezaron a comunicar un aumento de precios en los contratos. Entre marzo y abril de 2018, la directora de la ACC convocó a Telefónica, Orange y Vodafone, a los que informó que el organismo desaprobaba unos aumentos «injustificados e unilaterales».
Las operadoras alegaron que estaban amparadas bajo la normativa específica del sector de telecomunicaciones. En ese momento, la agencia abrió una inspección de consumo avisando de que podrían comportar sanciones. La investigación determinó que estas prácticas eran abusivas, ya que perjudicaban al consumidor y causaban un desequilibrio en la relación contractual.
De esta manera, la ACC concluía que las modificaciones en los contratos no quedaban justificados por el orden jurídico regulador de las regulaciones entre proveedor y consumidor. Según la normativa, los aumentos se considerarían válidos si estuvieran basados en modificaciones técnicas o la introducción de un impuesto nuevo, entre otras razones, y la Generalitat concluyó que no era el caso.
