La factura de la luz castiga a los consumidores domésticos por decisión política

Los costes derivados de impuestos, gravámenes y otras cargas que son introducidos por los gobiernos para financiar las políticas públicas representan más de la mitad del total del precio final de la electricidad en España para consumidores domésticos, según el informe elaborado por David Robinson del Oxford Institute for Energy Studies sobre Análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea: una perspectiva española.

La diferencia entre el precio final de la electricidad en España y los costes derivados de los mercados eléctricos libres o competitivos (mayorista y minorista) y de las actividades reguladas de redes es lo que el autor denomina la cuña gubernamental (wedge, según el término inglés), que representa los costes añadidos a la tarifa como consecuencia de decisiones políticas.

Desglosa

Por cada 100 euros de la factura de luz, los consumidores domésticos pagan 49,10 euros por el coste real de la electricidad (generación a precios del mercado mayorista, suministro y coste de las redes). Los 50,90 euros restantes corresponden a impuestos y a la financiación de políticas públicas.

Esta cuña gubernamental disminuye de forma ostensible para la mediana y gran industria, que se beneficia de la posibilidad de soportar una parte sustancialmente menor de los gravámenes y cargos gubernamentales, así como de la posibilidad de recuperar el IVA.

Comparación europea

En comparación con la UE, España sale relativamente favorecida en cuanto a los precios para consumidores industriales. Sin embargo, el informe demuestra que los precios pagados por los consumidores domésticos españoles se encuentran entre los más altos de la UE, como consecuencia fundamentalmente de la cuña gubernamental.

Concretamente, el primer semestre de 2013, España ocupó el decimoséptimo puesto de la UE en lo que se refiere a precios para grandes consumidores industriales (consumo anual de entre 70.000 y 150.000 MWh), es decir, que había dieciséis países, entre ellos Italia, Alemania, Reino Unido y Portugal, con precios más altos. En el mismo período, y para las industrias de tamaño medio (consumo anual de entre 500 y 2.000 MWh), España ocupó el noveno puesto.

Domésticos 

Por el contrario, entre el segundo semestre de 2007 y el primer semestre de 2013, los precios para los consumidores domésticos aumentaron un 59,1% en España, con el resultado de que los precios españoles pasaron de situarse ligeramente por debajo de la media de la UE en 2008, a situarse por encima de ella en 2013. En 2007, España ocupaba un puesto intermedio (concretamente, el 12) entre los países de la UE con mayores precios de la electricidad para consumidores domésticos (de entre 2.500 kWh y 5.000 kWh de consumo anual); sin embargo, ha pasado al sexto lugar en el primer semestre de 2013, lo que quiere decir que sólo cinco países comunitarios los tienen más caros.

El análisis comparativo pone de manifiesto que, como consecuencia de la cuña gubernamental, España tiene uno de los precios eléctricos para usos domésticos más altos de la Unión Europea, a pesar de que sus costes de distribución están entre los más bajos de la UE y sus costes de generación, reflejados en el precio mayorista, están en línea con los otros grandes mercados europeos.

Cuña gubernamental

El informe determina que los precios finales al consumidor en España, especialmente para los consumidores más pequeños, han aumentado más rápido que la media ponderada de la UE-27 entre 2008 y 2012, mientras que el precio de los mercados mayoristas españoles (el coste de la energía puesto en la red) ha seguido en gran medida la tendencia de estabilidad de otros países de la UE.

Del dictamen se deduce que una proporción cada vez menor del precio de la electricidad en la UE está sujeta a la disciplina del mercado competitivo o a la regulación de las actividades de redes, y que una parte cada vez mayor depende de decisiones políticas. Así pues, la cuña gubernamental para los precios de la electricidad residencial está creciendo en toda la UE. Sin embargo, este crecimiento ha sido más acusado en España que en la mayoría del resto de países comunitarios, especialmente para los consumidores más pequeños.

En opinión del autor del informe, el primer reto requiere un mayor recurso a la competencia y al mercado para el desarrollo y despliegue de las tecnologías bajas en carbono, así como el uso de otros medios de financiación de las políticas públicas. El segundo desafío necesita de un análisis más cuidadoso y crítico, y con una mayor transparencia pública, en lo que se refiere a la asignación de costes a las diferentes categorías de consumidores, así como su impacto en la competitividad internacional de las empresas europeas y españolas.