La CEOE acusa a Iglesias de mentiroso y manipulador
El vicepresidente del gobierno había dicho que los empresarios veían la medida "adecuada y positiva" y que había hablado con Antonio Garamendi
Duro golpe de la CEOE contra el Gobierno. Los empresarios han acusado al Ejecutivo de llevar a cabo una «manipulación interesada» con la renta mínima impulsada por el vicepresidente Pablo Iglesias para mitigar los efectos del coronavirus y han anunciado que se ausentarán en la reunión de este viernes en el Ministerio de Trabajo, por lo que rompen el diálogo social.
El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 había asegurado que el acuerdo se había consultado con los empresarios, y que la veían «adecuada y positiva». Iglesias llegó incluso a afirmar que había estado en contacto con el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, algo que la patronal y también Cepyme desmienten.
Iglesias aseguró que existía un acuerdo con los sindicatos, patronal y ONG para poner en marcha un ingreso mínimo vital puente: «Ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe próximamente un nuevo ingreso mínimo vital, queremos aclarar que en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social, tal y como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales».
El comunicado acusa al Gobierno de «manipulación interesada» y de «deslealtad al diálogo social»: «Nos sentimos presionados para que demos apoyo a una propuesta de partido, que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado en lo que debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales, que formamos parte de la mesa de diálogo y que siempre hemos estado de acuerdo en no dejar a nadie atrás en esta crisis».
Promesa del PSOE y Podemos
El ingreso mínimo vital es una de las promesas estrellas del pacto de Gobierno entre el PSOE e Unidas Podemos, aunque aprovechó la crisis del coronavirus para venderla públicamente como una medida urgente que se tiene que impulsar. Los tiempos para la aplicación generaron fricciones entre los miembros del gobierno, puesto que los morados lo querían cuanto antes para paliar la crisis económica y social derivada del Covid-19, aunque asumen ya necesitarán el consenso en mínimo tres meses.
La aprobación del ingreso mínimo vital se había convertido en una obsesión de Unidas Podemos. A pesar de ello, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el socialista José Luis Escrivá, que trabaja en su diseño junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el vicepresidente Pablo Iglesias ha pedido tiempo para determinar quién podría beneficiarse y encajarla con otras ayudas de carcter directo que existe.
Escrivá ya había enfriado las pretensiones de Podemos, puesto que en la presentación de la revista Economistas del Consejo General de Economías ya señaló que en ningún caso se trataba de una «renta universal». El planteamiento socialista se refleja como una ayuda económica a las familias más vulnerables más allá de la crisis actual.
Los ministros de podemos defienden que hasta que se imponga el ingreso mínimo vital definitivo, el gobierno apruebe uno provisional para socorrer a las familias que más ayuda necesitan durante la crisis del coronavirus. La voluntad del gobierno es que vaya acompañado de un sistema de inclusión al empleo o de una derivación al sistema sanitario, según El Mundo.
Además, he podido constatar en conversaciones telefónicas que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven positiva esta medida.
— Pablo Iglesias (@PabloIglesias) April 9, 2020
«He podido constatar en conversaciones telefónicas que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven positiva esta medida», aseguró Pablo Iglesias por Twitter tras dar a conocer que se había reunido con sindicatos —UGT y CCOO— y entidades del tercer sector como Cáritas, Oxfam, Facua o la Plataforma del Tercer Sector, entre otros.