Fomento entra en la guerra con Abertis: peligra el contrato de la AP-7

El Ministerio de Fomento y Abertis han entrado en una batalla que, aunque tiene un final incontestable, puede virar de soterrada a cruenta. La compañía controlada por el grupo italiano Atlantia y ACS —la constructora de Florentino Pérez— sigue decidida a impugnar el nuevo concurso de la AP-7 sur y la AP-4, y el Gobierno puede tomarse la revancha. El contrato de emergencia, que hará de puente hasta que se adjudique el definitivo, está en el aire y Fomento piensa ya en alternativas a Abertis.

José Luis Ábalos está enfrascado en las negociaciones del PSOE para formar gobierno. Pero sus hombres en el Ministerio de Fomento trabajan intensamente para tener a punto el contrato de emergencia para la conservación y mantenimiento e la AP-7 entre Cambrils (Tarragona) y Alicante y la AP-4 entre Cádiz y Sevilla para el 1 de enero. Las fuentes consultadas daban por hecho que sería para Abertis, actual gestor, pero en los últimos días esta posición ha cambiado y la compañía de origen catalán podría perder ese contrato.

El germen del problema se encuentra en la fin de la concesión de Aumar, filial de Abertis que gestiona las citadas vías, el 31 de diciembre próximo. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que las autopistas de peaje cuya concesión terminase durante su mandato dejarían de ser de pago. Sin otro modelo alternativo de pago por uso sobre la mesa, la opción del ejecutivo fue recuperar la gestión, levantar barreras y licitar solo conservación y mantenimiento.

Pese a que lleva todo el año preparando el terreno, Fomento no licitó el mantenimiento de los cinco tramos en los que dividió la AP-7 sur y la AP-4 a tiempo para que el nuevo contrato esté vigente el 1 de enero de 2020. Esto prendió dos fuegos. Obligaba al ministerio a hacer un contrato de emergencia, es decir un contrato puente con un operador que se ocupe de los trabajos mientras se adjudica el definitivo.

Las cifras del ERE de Aumar, la fuente del conflicto

El segundo fuego que se incendió fue el ERE de Aumar. La filial de Abertis, pendiente de los plazos que los expedientes de regulación de empleo requieren, presentó su plan de despidos de la plantilla de la concesionaria antes de que se publicaran los pliegos del concurso de la AP-7 y la AP-4. La importancia de los pliegos era capital pues debían marcar cuántas personas seguirán trabajando a partir de enero en las autopistas con el futuro gestor. Esta cifra decidía, por contraposición, la plantilla sobrante; por tanto, marcaba el ERE.

El problema fue que, al presentarse antes el expediente, Abertis ya puso una cifra según lo que la empresa consideraba que eran los trabajos que continuarían. Pocos días después, el ministerio publicó sus cifras y no coincidían. No hay mucha diferencia, son 12 personas, pero aunque fuera solo una, abre la puerta a la judicialización del concurso. Esas 12 personas en un limbo legal y laboral pueden impugnar, lo que paralizaría el concurso. También pueden impugnar los sindicatos y la propia Abertis.

La compañía que dirige José Aljaro ya ha comunicado a la plantilla, en las reuniones del ERE, que impugnará el concurso de la AP-7 y la AP-4. Abertis pretende que se aclare la cifra de trabajadores que se deben subrogar para evitar problemas tras el cambio de operador. Si no incluye esos 12 empleados en el ERE y la empresa adjudicataria del mantenimiento no los contrata, puede ser responsable de ellos.

Los sindicatos, por su parte, no ven claras las intenciones de Fomento pero tampoco creen que un recurso de Abertis sea la solución. Fuentes de CCOO explicaron a este medio que veían peligrosa la impugnación pues ponía en riesgo el mecanismo de la subrogación de empleados. Lo que pide este sindicato, mayoritario en el área de autopistas de Abertis, es que se ajuste el ERE a las cifras de Fomento, lo que terminaría con la inseguridad jurídica ahora existente.