Florentino prolonga los pleitos con Galán por el control de Iberdrola
Las batallas legales pudieran alargarse cinco años más en el Supremo por el rechazo a la entrada de ACS al consejo y a la gestión. Las empresas mantienen otros dos litigios abiertos
La batalla legal que enfrenta al presidente de ACS, Florentino Pérez, con la dirección de Iberdrola, encabezada por Ignacio Sánchez Galán, por el control de la eléctrica ha entrado en un enredo judicial que puede durar al menos cinco años más en resolverse.
Este es el plazo que puede tardar el Tribunal Supremo en sentenciar sobre el recurso que presentará ACS, si es admitido a trámite, contra el auto de la Audiencia de Vizcaya que le impide acceder al consejo de la eléctrica y tener influencia alguna en la gestión, algo que viene persiguiendo Pérez infructuosamente desde que desembarco en Iberdrola en 2006.
La situación es especialmente dura para ACS dado que compró su paquete en la eléctrica básicamente con deuda y el rendimiento que le da esta inversión le sirve´sólo para afrontar los intereses de ese pasivo.
El litigio clave
El revés de los tribunales al intento de ACS, primer accionista de la eléctrica, de acceder al consejo y al control de la gestión se sustanció en una resolución favorable a Iberdrola en primera instancia que ahora ha sido ratificada en segunda por la Audiencia Provincial de Vizcaya. El argumento básico del tribunal es que existe un conflicto de competencia estructural y permanente, principalmente en las áreas de energías renovables e ingeniería, que imposibilita el acceso de ACS al consejo de administración de su participada para no perjudicar el interés social de la eléctrica.
Sólo cabe recurso sobre este asunto ante el Tribunal Supremo y ACS ha anunciado su intención de hacerlo. Desde que se pone el recurso, hasta que se admite a trámite, si ese es el caso, y se produce la consiguiente sentencia pueden transcurrir entre tres y cinco años, según fuentes cercanas al conflicto.
Fuentes de ACS han confirmado la próxima presentación del recurso pero han declinado comentar el enredo judicial y los próximos pasos de la constructora ante el complejo panorama que se avecina. Iberdrola tampoco ha hecho comentarios.
Dos pleitos más
Pero además de este pleito, relativo a la junta de accionistas Iberdrola de 2010, hay otros dos litigios más entre ambas empresas. Uno es relativo al recurso presentado por ACS contra varios de los acuerdos aprobados por los accionistas en la junta del año 2011, en concreto, algunas de las modificaciones llevadas a cabo en los estatutos sociales entre las que destaca la reducción de miembros del consejo de administración.
En este caso, el juzgado de primera instancia también acaba de dar la razón a Ia empresa que dirige Sánchez Galán y ACS se prepara para recurrir de nuevo en segunda instancia.
Más peso en la junta con la ley ‘Florentino’
El otro frente de batalla es el recurso interpuesto por Iberdrola contra la llamada ley antiblindajes o ley Florentino, aprobada por el Gobierno Zapatero y que determina la supresión de la limitación de los derechos de voto de cualquier accionista en cualquier empresa. En Iberdrola este ejercicio está acotado al 10%.
Este litigio se sustancia en el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite la solicitud de suspensión cautelar del artículo 515 de la citada ley que prohíbe las limitaciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto. Previamente, en septiembre de 2010 Iberdrola había interpuesto recurso contra el fondo del asunto, es decir contra el citado artículo.
El Supremo podría resolver sobre la solicitud de medidas cautelares en el primer semestre. Si la resolución diera luz verde a la supresión de los blindajes, Florentino Pérez tendría en sus manos su primera arma legal para hacer vale su 18,5% de Iberdrola en la junta de accionistas. De momento, eso sí, la dirección de Iberdrola tiene la asamblea de accionistas a su favor.
En la última asamblea de socios, por ejemplo, el 79% de los accionistas apoyaron todos los puntos del orden del día -incluidos los que contaron con el voto contrario de ACS-, con un quórum del 82,34%.
Con la ley antiblindajes a favor de Pérez se abrirían otros escenarios, aunque también complejos, para forzar un cambio de dirección en el voto de la junta. Por ejemplo, uno sería la confluencia de interés con otro socio, algo que hasta ahora no se ha dado. Otro, el apoyo de algún nuevo socio, una hipótesis que nunca puede descartarse.