La fiscalía toma cartas en las elecciones a la Cámara de Barcelona
La fiscalía apoya que se tramiten 18 denuncias sobre las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona en las que se impuso el independentista Joan Canade
La fiscalía ha emitido informes favorables a la tramitación de las demandas contra las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona del pasado junio en las que se impuso el independentista Joan Canadell.
Estas demandas persiguen la anulación de aquellas elecciones y, en consecuencia, que se convoquen de nuevo. En una de las denuncias, un juzgado del contencioso administrativo incluso condenó a costas a la Consejería de Empresa de la Generalitat por los recursos que interpuso –primero de inadmisión y, posteriormente, de reforma– con la intención de que se rechazara su tramitación.
En estos momentos hay tres vías judiciales abiertas –con veinte demandas que se tramitan por separado– contra las elecciones a la Cámara de Barcelona que se siguen en diversos juzgados de lo contencioso administrativo.
En pasado junio, la abogada Mercedes Cuyás presentó un recurso conjunto por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). No obstante, este tribunal dispuso que la competencia correspondía a los tribunales contenciosos administrativos ordinarios y que las demandas debían presentarse por separado.
Pese a los recursos de inadmisión presentados por la Cámara de Comercio y la Generalitat, diversos juzgados han aceptado a trámite 18 demandas interpuestas por empresas. Entre los impulsores de estos procesos se encuentra Carles Tusquets, que fue candidato electoral, o Lluís Vendrell, de Unión Suiza.
Además, se interpusieron otros dos contenciosos administrativos: el primero, contra la resolución de la junta electoral central de la Cámara de Barcelona por la que se proclamaron los resultados; y el segundo, por la adjudicación por parte de la Generalitat del contrato de auditoria de las elecciones a Agtic Consulting.
Ley de contratos del sector público
Los demandantes argumentan que esta adjudicación incumple la ley de contratos del sector público. Debía efectuarse mediante un procedimiento negociado y, tal como reza el enunciado, era necesario negociar los elementos del contrato, en especial el precio. Sin embargo, la licitación quedó desierta y, en segunda, se adjudicó a la única oferta, que era la de Agtic. En la demanda se insiste en que se incumplió el procedimiento negociado que marca la normativa.
En estos dos últimos contenciosos –relacionados con la decisión de la junta electoral cameral y el contrato a Agtic– se sigue el trámite judicial ordinario, a diferencia de los 18 contenciosos presentados por vulneración de derechos fundamentales, que sigue un procedimiento especial, más rápido.
Los demandantes esperan que se dicten las correspondientes sentencias a lo largo de este año. Si se recurren ante el TSJC, por parte de la defensa o de la acusación, la resolución podría aparecer antes del verano de 2021.
Tanto la Cámara de Barcelona como la Consejería de Empresa, liderada por Àngels Chacón, han recurrido ante los correspondientes juzgados con la intención de que no se admitieran los contenciosos contra el proceso electoral. No lo han conseguido. La Fiscalía también apoyó que continúe su tramitación judicial, según confirman los denunciantes.
Las patronales catalanas Pimec y Foment del Treball también han abierto un frente contra la cámara de Canadell. Las patronales de Josep González y Josep Sánchez Llibre han encargado un dictamen jurídico sobre un borrador de la nueva ley de cámaras catalana que se ha elaborado con las propuestas de Canadell, que preside la cámara de Barcelona y el Consejo de Cámaras de Cataluña. Consideran que invade las competencias de patronales y sindicatos.
