FCC recibe una lluvia de auditorías de ayuntamientos catalanes

Los ayuntamientos catalanes miran con lupa la gestión de FCC Servicios Ciudadanos, la empresa del grupo de Fomento de Construcciones y Contratas que se encarga de la gestión de los residuos urbanos. Después del presunto fraude detectado en Barcelona y Badalona, otros muchos consistorios han encargado auditorías de urgencia y han destinado a funcionarios municipales a supervisar en las calles y en los vertederos si se están cumpliendo los contratos.  

Barcelona y Badalona han denunciado a FCC a la Fiscalía, que ya ha abierto diligencias de investigación penal por los presuntos delitos de estafa y falsificación documental. Si tira adelante la acusación, la corporación que controla Carlos Slim puede verse obligada a provisionar cerca de 14 millones de euros. En la ciudad de Ada Colau, el presunto fraude se eleva a 800.000 euros, mientras que en la de Dolors Sabater se estima que puede alcanzar los 12,8 millones de euros. En la primera se facturaron servicios que no se prestaron y, en la segunda, la casuística es muy diversa: facturas no conformes a las condiciones del concurso, revisión de precios al alza por costes de mano de obra o inversiones que no se han realizado.  

Igualada se cura en salud con una auditoría

Todos los ayuntamientos que han adjudicado el servicio de recogida de basuras a FCC Servicios Ciudadanos están revisando los números. Algunos, incluso se adelantaron al escándalo. Jordi Pont, concejal de Urbanismo de Igualada, explica que en febrero encargaron una auditoría sobre este servicio a los técnicos de la Diputación de Barcelona, a los que ahora exigen «celeridad». Pont añade que también han destinado a funcionarios para que inspeccionen in situ el cumplimiento del contrato. 

El concejal de Igualada asegura que no tiene constancia de incumplimientos o irregularidades, pero prefiere curarse en salud con una auditoria. Igualada gestiona el servicio mediante una empresa pública participada por FCC (66%) y el propio ayuntamiento (33%). El presupuesto es de 4,6 millones anuales.  

Mataró amplía el contrato

El alcalde de Mataró, el socialista David Bote, ha encargado una auditoría a una consultora externa para que analice el nivel de cumplimiento del servicio. Tendrá los resultados en tres meses. Una portavoz municipal indica que también se ha incrementado el personal propio para tareas de inspección. Curiosamente, en el pleno del pasado noviembre aprobaron una mejora del contrato, que pasó de 61 millones de euros a 63,4 millones.  

Fuentes de la Diputación de Barcelona informan que han recibido diversas peticiones de ayuntamientos para que auditen el servicio de gestión de residuos, aunque en muchos casos se adjudicó a otras concesionarias. Se extiende el contagio.

Barcelona y Badalona estudian la municipalización del servicio

El Ayuntamiento de Barcelona se enteró del presunto fraude por una investigación del diario El País. Después presentaron una denuncia a Fiscalía. Fuentes municipales precisan que han abierto otro expediente, todavía en trámite, para analizar los incumplimientos. El Ayuntamiento estudia la municipalización del servicio de recogida de basuras total o parcialmente. Estas fuentes evitan pronunciarse sobre la posibilidad de revertir el contrato de FCC. No obstante, insisten en que se han tomado muy en serio este conflicto.  

En Badalona todavía sigue abierta una investigación sobre la gestión de FCC y también estudian remunicipalizar el servicio. La empresa adjudicataria amenaza con la interposición de acciones legales contra el Ayuntamiento.  

FCC se remite a un escueto comunicado que difundieron a mediados de noviembre en que indican que han abierto una «investigación interna para conocer los hechos» y brindan su «colaboración» a los ayuntamientos. A la pregunta de que acciones habían emprendido o si pensaban depurar responsabilidades, desde el gabinete de prensa de la compañía insisten en que «no tenemos nada más que decir».