Fármacos en guerra

La pregunta es simple: dado un fármaco de eficacia probada cuyo coste asciende a 60.000 euros anuales, ¿va a financiarlos, parcialmente o en su totalidad, el paciente? ¿Va a asumir el Ministerio de Sanidad su dispensación? La respuesta, y menos ahora en tiempos de recortes, no es obvia. Según ha trascendido recientemente, el Ministerio de Sanidad denegó ya en 2012 la financiación de dos nuevos antitumorales por su elevado coste. La razón esgrimida, admite el propio Ministerio, es que la relación coste-efectividad de los nuevos fármacos no supone mejora alguna “en términos macroeconómicos”.
 
El nombre de los dos fármacos no se ha hecho público. Se sabe, no obstante, que cuentan con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento y, presumiblemente, con la de su homóloga norteamericana, la todopoderosa FDA. La aprobación es indispensable para que entren en cualquier sistema público de salud, pero nada tiene que ver con los precios, que son fijados por los laboratorios y, en última instancia, negociados con la administración. En el caso español, no hubo acuerdo.
 
Demasiado caros
 
La cuestión, al menos en lo que refiere a medicamentos de nueva generación, con los antitumorales a la cabeza, estriba efectivamente en su coste. El argumento habitual de los laboratorios farmacéuticos es que cualquier tratamiento basado en estrategias de diseño racional (moléculas específicamente concebidas para interferir en una ruta bioquímica patológica) supone una inversión que puede superar los mil millones de euros para un periodo que oscilaría entre los ocho y los 12 años de media. La inversión sólo se refiere, siempre según los laboratorios, a las moléculas que alcanzan el mercado. Nada se dice de las que quedan por el camino, que son mayoría.
 
El segundo problema que argumentan tiene que ver con las patentes. Estas se solicitan cuando hay certeza de que la molécula va a funcionar, lo que suele suceder unos años antes de ser lanzada al mercado. Por tanto, el tiempo de protección mengua antes de iniciarse el retorno económico, es decir, de recuperar la inversión. Como estrategia, la mayor parte de laboratorios introducen “innovaciones”, modificaciones más o menos notables con el objeto de prolongar la patente.
 
Los costes para los sistemas de salud, sobre todo el estadounidense, se han disparado en apenas diez años. De un gasto medio de casi 4.000 euros mensuales en 2005, se ha pasado a los prácticamente 8.000 euros mensuales de hoy. Una decena de fármacos antitumorales aprobados en los últimos años por la FDA rondan los 80.000 euros anuales, un hecho que ha sido denunciado por 120 oncólogos e investigadores de prestigio mundial en un documento publicado en la revista Blood de la Sociedad Americana de Hematología. El texto alerta de que los altos costes van a impedir el acceso al tratamiento a muchos pacientes con cáncer.
 
El debate de los otros
 
Si los antitumorales son excesivamente gravosos para el sistema público, lo mismo cabría decir con respecto a otros fármacos en especialidades de alta incidencia como las infecciosas, las neurodegenerativas o las cardiovasculares, todas ellas sometidas al mismo régimen de rentabilidad para los laboratorios.
 
Pero el problema que se advierte en España, y que es complementario al anterior, es la progresiva reducción del gasto farmacéutico. Las distintas medidas adoptadas han llevado que de los 292 euros per cápita en medicamentos de 2010 se haya pasado a los 208 euros, una reducción que beneficia a las arcas públicas pero que revierte en el gasto del paciente.
 
El otro efecto adverso de los recortes tiene que ver con los fármacos de dispensación hospitalaria. Los principales afectados son moléculas aprobadas en los últimos tres años, cuya prescripción se ha reducido por debajo de la mitad. Eso significa que o bien no se han incorporado al sistema nacional de salud o que, aun estando en la lista, han dejado de administrarse con el consiguiente perjuicio para el paciente.