Fabricantes, importadores y vendedores de coches, en pie de guerra
La futura Ley de Contratos de distribución enfrenta a los tres actores del sector de la automoción. Se acusan mutuamente de presiones políticas a tres semanas de la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros
“Si la evolución de la Ley de Contratos de Distribución no termina bien muchos distribuidores ya han dicho que harán una jornada de cierre. Y, si es necesario, nosotros también”. Con estas palabras Antonio Romero-Haupold, presidente de la patronal de los vendedores de coches, Faconauto, abría el pasado martes en el primer Encuentro de Concesionarios de la Automoción celebrado en Esade Barcelona un nuevo capítulo de desencuentros entre fabricantes, importadores y concesionarios. El sector de la automoción vuelve a estar en pie de guerra ante el enésimo intento de regular la actividad.
Esta vez, con una norma transversal que afectará desde la alimentación a la prensa, entre otros, y que aún está en periodo de información pública. El Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley a medianos de julio, momento en el que se iniciará el trámite parlamentario con un requerimiento de urgencia por encontrarse al final de la legislatura. Así, la aprobación final del nuevo marco para realizar las transacciones entre fabricantes y distribuidores no llegará hasta noviembre. Será la primera norma europea de estas características y desde muchos sectores ya se ha tachado de “hito”.
“Establecerá unos mínimos regulativos, es un marco general y orientador sin especificidades”, ha asegurado a Economía Digital el presidente de los importadores, Aniacam, Germán López Madrid. Desde esta patronal niegan las presiones políticas que les achacó el secretario general de Faconauto, Blas Vives: “El lobby de fabricantes e importadores ha presionado a los políticos para retocar el proyecto de ley inicial. Ya pasó cuando se dio marcha atrás en la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible”. Este fue otro de los capítulos tensos entre los tres actores de la automoción, la famosa Alegación 16ª. Precisamente, la desaparición de esta cláusula motivó el actual Código de Buenas Prácticas (al que Faconauto presentó reparos) y la futura Ley de Contratos de Distribución.
Alegaciones
Los directivos de Faconauto afirman que del borrador inicial al texto que se les ha entregado para presentar las alegaciones que crean oportunas “desaparecen temas claves, como el equilibrio en la capacidad negociadora de las partes o el principio de buena fe y lealtad”, según Vives. “No estamos de acuerdo en la interpretación que hacen. ¿Cómo va a desaparecer el principio de buena fe y lealtad? ¡Es un principio elemental!”, contesta López Madrid. También rebate otras quejas que Faconauto ha puesto encima de la mesa.
En cuanto al papel que han jugado a lo largo del periodo de información pública, el presidente de Aniacam declara que desde la patronal se han limitado “a presentar alegaciones”. Unas apreciaciones que ha declinado hacer públicas. “¿Para qué se va a vociferar sobre algo que ni siquiera se ha pronunciado el Ministerio?”. De hecho, comenta que el intercambio de reproches sólo consigue dañar la imagen de un sector en horas bajas. “Los concesionarios son la razón de ser de una marca y su rentabilidad es nuestro primer objetivo. Y todos los concesionarios quieren una marca fuerte”.
“Ahora ningún actor gana dinero: los proveedores están asfixiados, los fabricantes hacen recortes y los concesionarios están a punto de cerrar. Este es el foco del problema”, manifestó el propietario del grupo Movento en la jornada de Esade, Miquel Martí. En su opinión, la nueva regulación puede suponer un estímulo importante, ya que asegura que cambiará “un modelo de distribución que ya no vale”. Eso sí, la generalidad a la que aspira la ley choca con este objetivo. Y es que el documento que marca cuestiones específicas del sector de la automoción es otro, el Código de Buenas Prácticas firmado en junio.
Un código sin consenso
Faconauto, Aniacam y Anfac (la patronal de los fabricantes) sólo han suscrito dos terceras partes de la norma. Los concesionarios solicitaron quedar al margen del apartado en el que se establecían los métodos de resolución de conflictos alegando que el trato que proponían no era equilibrado.
Las posiciones de los tres actores están enrocadas en este punto, que ha vuelto a generar tensiones en este nuevo capítulo. Básicamente, no hay consenso en si la solución alternativa a iniciar un proceso judicial tiene que ser la mediación o el arbitraje. La principal diferencia es que en el segundo se emite un laudo de obligado cumplimiento y en el primero hay acuerdo entre las partes.
En cuanto al final del nuevo conflicto, López Madrid es claro: “Si se llega a la jornada de cierre, a ver cuántos concesionarios quieren secundarla”.
