Extremadura insta a los consumidores a fijarse en las etiquetas del jamón
El gobierno extremeño justifica sus actuaciones ante la crisis del jamón y avisa a los consumidores que deben mirar el etiquetado
La Junta de Extremadura ha decidido abordar la crisis de los jamones podridos un mes después de que estallara el escándalo. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Aecosán, dependiente del ministerio de Sanidad, emitió una alerta sanitaria por el hallazgo de jamones, embutidos y productos cárnicos en mal estado que se reetiquetaban y “adecentaban” para reintroducirlos en la cadena alimentaria.
El gobierno extremeño de Guillermo Fernández Vara (PSOE), que hasta ahora había optado por esconder y minimizar el caso del jamón podrido, ha decidido abordar el caso para pedir calma a la población por la trama empresarial descubierta, aunque sí pide a los consumidores que se fijen en las etiquetas.
El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, pidió calma a la población y aseguró que ninguno de los productos incautados hasta ahora han sido fabricados en Extremadura.
Pero el gobierno extremeño también instó a los consumidores a que se fijen en datos básicos en el etiquetado para cerciorarse de que el jamón, los embutidos o las carnes que compran son seguros y fiables. El consejero de Sanidad pidió a los compradores leer la descripción de la raza, la alimentación, el lugar de cría y los precintos exigidos por ley.
El gobierno extremeño, que intenta proteger a la industria jamonera de la región, se refirió implícitamente a que buena parte de los productos incautados procedían de Comapa, el mayor distribuidor de ibéricos de España, proveedor preferente de Carrefour, y que también vende en Makro, Ahorramas y Consum.
Nervios en Extremadura por el jamón
Comapa, con sede central en Madrid y una facturación anual de más de 420 millones de euros, cuenta con proveedores y productores en toda España, principalmente en Salamanca, Extremadura y Andalucía.
La trama empresarial que ha levantado un negocio millonario cuenta con un entramado de unas 30 empresas que están siendo investigadas por los juzgados de Fregenal de la Sierra (Badajoz) y Alzira (Valencia) por un presunto delito contra la salud pública, tal como destapó Economía Digital en exclusiva. Dos de las empresas en el centro de la trama, y que operaban en Extremadura, Valle Los Valfríos y Cash La Temporada, captaban jamones y productos cárnicos caducados y en mal estado para transformarlas en piezas loncheadas.
El consejero también estuvo acompañado por Pilar Guijarro, directora general de Salud de Extremadura, y por la directora del Instituto Extremeño de Consumo.La Guardia Civil decomisó más de 100.000 kilos de productos cárnicos en mal estado en naves clandestinas y sin permisos sanitarios en Extremadura en unas actuaciones realizadas a lo largo del año pasado. Parte de la mercancía estaba afectada por gusanos y en estado de putrefacción, según los informes de la policía judicial que han sido incorporados a la instrucción del caso en los tribunales. Parte de la mercancía terminó en las cárceles.
La Junta de Extremadura no ha instado a la emisión de una alerta sanitaria para que el resto de autoridades sanitarias en España incautaran los productos de marcas similares. Sí, lo hizo, en cambio, la Comunidad Valenciana al detectar El gobierno extremeño justificó la medida al explicar que la mercancía no había alcanzado la cadena alimentaria, algo que desmienten los propios trabajadores de las empresas investigadas, tal como ha publicado este medio.
