Español acepta que desvalijó La Seda pero se libra de ir a la cárcel
El empresario recibirá una condena de un año y 11 meses de prisión y deberá pagar una multa de 702.715 € por desviar 12,2 millones
Rafael Español, que fue presidente de la compañía La Seda de Barcelona y empresario vinculado al llamado sector negocios de CiU, ha firmado en la Audiencia de Barcelona un pacto de conformidad por el que acepta dos penas, una de un año y otra de 11 meses y 15 días de cárcel, además de una multa de 702.715 euros como coator del desfalco de la compañía entre 2000 y 2004.
Tanto Español como su colaborador Antonio Comadrán podrán eludir el ingreso en prisión al no contar con antecedentes penales, aunque será la Audiencia quien finalmente decida sobre esa cuestión.
Seis condenados más
Fruto del acuerdo, los dos condenados admiten que desviaron 12,2 millones de euros de la empresa química. El procedimiento se llevaba a cabo mediante el pago de facturas por servicios inexistentes o por cuantías infladas. Empresas controladas por Comadrán eran las encargadas de realizar esos giros contra La Seda. Seis de los responsables de esas empresas colaboradoras en el desfalco también han llegado a un acuerdo con la justicia por el que aceptan penas de siete meses de prisión y multas de 1.500 euros por un delito continuado de falsificación de documentos mercantiles.
La Fiscalía pedía 27 años y medio de cárcel. Para rebajar las penas finales ha aplicado dos atenuantes, una de dilación indebida en el proceso y otra de reparación de daño (los acusados han pagado una parte de las cantidades que se les exigía en concepto de responsabilidad civil).
Dinero devuelto
Español y Comadrán también han retornado a la Agencia Tributaria el dinero que defraudaron a Hacienda cuando estaban al frente de La Seda, principalmente porque la compañía se dedujo el IVA correspondiente a esas facturas infladas o falsas para reducir la cuota que pagar.
El ex presidente de La Seda está también envuelto en otras causas judiciales vinculadas con la misma compañía. Las instruye un juzgado de El Prat de Llobregat (Barcelona) por cuatro operaciones más que presuntamente descapitalizaron a la sociedad y que la Fiscalía denunció en 2011 en una nueva querella.
En octubre de 2019 se ha acordado el archivo provisional de las actuaciones hasta tanto transcurra el plazo de suspensión impuesta al penado Antonio Comadrán Talo.
