El TSJC apremia a Mas a que resuelva la privatización de ATLL

El proceso de privatización de Aigües Ter Llobregat, la operación más importante realizada por la Generalitat, puede convertirse en una batalla judicial con un pronóstico difícil de dilucidar. La compañía Agbar está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias y se ha avanzado al Govern con un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el que pide que suspenda, de forma cautelar, la formalización del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua Ter-Llobregat, que ganó un conjunto de empresas lideradas por Acciona.

Se trata de lo que jurídicamente se entiende como una “cautelarísima”, con un objetivo muy claro. Que el Govern aplique la resolución del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), que asumió, en parte, el recurso que había presentado Agbar y que resolvió que Acciona no cumplía con los requisitos para hacerse con el contrato.

¿Se excluye o no a Acciona?

El TSJC ya ha resuelto el recurso contencioso administrativo de Agbar. Y desestima esa suspensión cautelar, pero emplaza al Govern a que, en el plazo “máximo de cinco días” se pronuncie sobre las medidas cautelares que pide Agbar. Es decir, según fuentes jurídicas consultadas, el TSJC quiere saber qué pretende hacer el Ejecutivo de Artur Mas: ¿aplicar o no la resolución de la OARCC?

Si la aplicara, las consecuencias serían muy perjudiciales para la Generalitat, que ya ha cobrado 300 millones por parte de Acciona, de una operación que alcanza los 1000 millones de euros. Revertir la formalización del contrato, podría suponer, además, una acción jurídica por parte de Acciona.

El recurso del Govern

La batalla jurídica no esconde el principal objetivo de Agbar. A la espera de que el Govern presente un recurso ante el TSJC, en contra de esa resolución de la OARCC, –lo está ultimando, pero tiene un plazo legal de dos meses para hacerlo– se podría producir una situación de hechos consumados, con la gestión de ATLL ya en manos de Acciona. Es lo que teme Agbar, y por ello se ha adelantado al Govern con ese recurso, a fecha de 9 de enero. El TSJC lo ha resuelto sólo un día más tarde, con fecha 10 de enero.

¿Qué pretende hacer el Govern, tras la decisión que tomó el Departament de Territori i Sostenibilitat con el concurso de privatización de ATLL? La idea es presentar un recurso ante el TSJC, en contra de la resolución de la OARCC, reclamando su suspensión cautelar a la espera de la decisión del tribunal. Pero, hasta que esa decisión no llegara, se mantendría el contrato con Acciona. Y eso es lo que trata de impedir, a toda costa Agbar.

Un grave perjuicio económico

Con la decisión del TSJC, sobre el recurso de Agbar, la compañía que preside Angel Simón pretende agilizar el proceso, obligar al Govern a tomar una decisión de forma urgente.

En juego está el contrato de privatización más importante de la Generalitat, que ha seguido un proceso accidentado, provocado por la necesidad del Govern de cerrarlo antes del 31 de diciembre de 2012 para cumplir con los objetivos de déficit. Si se revierte el contrato con Acciona, se pone en peligro el cierre del ejercicio 2012, porque el Govern debería restituir 1.000 millones de euros, que se anotó en el capítulo de gasto ordinario y reembolsar 300 millones de euros al consorcio liderado por Acciona, ya cobrados.