El taxi pierde su último recurso judicial contra Uber y Cabify
La Audiencia Nacional archiva definitivamente la querella de los taxistas contra las plataformas de VTC
Tito Álvarez, en una concentración de protesta del taxi en Barcelona.
Varapalo final al taxi. La sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el último recurso de apelación de la asociación Plataforma Integral del Taxi (PIT), impulsada por más de 2.000 taxistas de toda España y con Alberto «Tito» Álvarez y Elpidio Silva como principales portavoces. La resolución judicial supone el archivo definitivo de la querella contra Uber y Cabify interpuesta hace un año.
La jueza María Tardón había archivado inicialmente la querella en octubre de 2019, pero la PIT recurrió la decisión. En declaraciones recogidas por EFE, fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional han confirmado que el recurso ha sido rechazado, lo que confirma el auto del pasado octubre en el que la magistrada sentenciaba en contra de los taxistas y en favor de las plataformas de vehículos de alquiler con conductor (VTC).
El auto de octubre era muy duro contra los taxistas de la PIT. Tardón aseguraba que las acusaciones contra empresas como Uber y Cabify partieron de una «premisa falsa, la de considerar que se ha producido en un mercado libre y carente de regulación», cuando «en este sector de transporte de viajeros de movilidad urbana no hay libre competencia» porque la Administración «fija las condiciones y las tarifas».
Por tanto, la magistrada descartó que las VTC manipularan el precio de los servicios a su antojo, como decía la ahora archivada querella de los taxistas. También reprochó que la PIT, en su acusación por presunta «estafa y blanqueo de capitales», ni siquiera se tomó «la molestia de concretar, ni aún de forma aproximada, cuál sería el importe de la posible cuota defraudada, partiéndose de una base retórica y sin sustento alguno».
Un proceso engorroso
Los taxistas se querellaron contra el fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, y otra treintena de directivos y empresas de VTC por ocho presuntos delitos. Decían que las compañías podrían estar alterando precios mediante engaño y administración desleal, además de acusarles de cometer presuntos delitos fiscales y contra el derecho de los trabajadores. La investigación no les dio la razón.
Tardón comenzó a estudiar la querella en junio pasado pero el relato de los taxistas no convenció a la Fiscalía desde el inicio, solicitando incluso que no se admitiera a trámite el recurso. Fuentes jurídicas han informado de que muchos taxistas se han ido desligando de la querella durante el proceso.
La magistrada no descartó que la actuación de Uber y Cabify pudiera ser sancionada conforme a las normas de defensa de la competencia, pero dijo que ese posible castigo quedaba al margen de su jurisdicción.
