El Santander recurre su imputación por la caída del Popular

Banco Santander recurrió este miércoles la imputación en el caso que investiga la gestión y caída del Popular en calidad de sucesor, al considerar que la absorción de la entidad vino motivada por un proceso de resolución acordado por un «poder público» en aras de proteger «relevantes intereses generales».

En su recurso de reforma, la entidad pidió que se le revoque dicha condición por ser contraria a los principios de personalidad de las penas y de culpabilidad que contemplan la Constitución Española y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y afirmó que la única responsabilidad derivada posible sería civil subsidiaria. Entre sus argumentos, Santander recordó que la resolución del Popular fue decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que, «en protección de relevantes intereses generales», acordó el 7 de junio de 2017 «la creación de una nueva realidad para venderlo a un tercero».

«No se trata de una modificación voluntaria, sino de un cambio estructural forzoso y dictado desde las autoridades públicas», apuntó el documento, que evitó «el terrible impacto que hubiera tenido sobre el mercado financiero español el concurso del Popular». La operación, ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), supuso así la «muerte» o «disolución material» del «antiguo Popular», entidad en cuyo seno se habrían cometido las irregularidades, por lo que descartó que pueda aplicarse responsabilidad penal alguna al grupo que preside Ana Botín.

Máxime cuando el organismo transmitió «el nuevo Popular a la única entidad que presentó una oferta en el proceso», el Santander, que se «ha hecho cargo diligentemente» de él, evidenciando «la ruptura radical» con los anteriores gestores.

El Santander defiende su gestión

Añade que el grupo, que adquirió el banco por un euro, ha «inyectado liquidez y capital», como muestra que el mismo día de la resolución introdujera 13.000 millones de euros para garantizar su funcionamiento frente a la «dramática falta de liquidez». Un mes más tarde, el 28 de julio de 2017, se acordó una ampliación de capital de 2.736 millones con prima de emisión de 4.143, íntegramente suscrita por el Santander, que inyectó 6.879 millones.

Todo ello, prosigue su representante, ha permitido que los contribuyentes no hayan tenido que soportar el coste de su intervención, unos «36.000 millones de euros según valoró el Ministerio de Economía», a diferencia de lo que ocurrió «con muchas cajas de ahorro, singularmente Bankia/BFA«.

El Santander apela al antecedente de Banco de Valencia, en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó imputar a CaixaBank como sucesora por delitos presuntamente cometidos por quienes fueran administradores de la entidad levantina, ya que la absorción se produjo «como consecuencia de un saneamiento bancario por un poder público»