El PP culpa al Gobierno del cierre de Nissan por su «temeridad»
Teodoro García Egea: "Estos puestos de trabajo los ha destruido directamente el Gobierno con sus irresponsabilidades"
El cierre de Nissan en Barcelona ha desencadenado una batalla política entre el Gobierno y el que PP, cuyo secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado al gabinete de Pedro Sánchez de actuar con «temeridad» y de haber propiciado la destrucción de los 3.000 empleos de la fábrica catalana «con sus irresponsabilidades». El Gobierno, por su parte, trata de calmar las aguas y asegura que pelea por una «solución alternativa».
Las críticas de la oposición han sido duras. García Egea se ha referido a medidas como las restricciones sobre el diésel o la cuarentena a los turistas extranjeros como decisiones que han hecho «grave» daño a la economía española. Según ha explicado en una entrevista en Onda Madrid, sus medidas tienen como consecuencia este tipo de cierres.
Para el secretario general del PP «estos puestos de trabajo los ha destruido directamente el Gobierno con sus irresponsabilidades», ya que, en su opinión, con el gobierno de Sánchez las empresas tienen «más cargas burocráticas y fiscales».
¿Problemas? Llega Calviño
Del lado del Gobierno, la vicepresidenta tercera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, vuelve a ser la escogida para sofocar las llamas. Su misión es negociar con Nissan el cierre de la planta en Barcelona sin renunciar a «alternativas».
Nadia Calviño es la elegida para apagar el incendio de Nissan Barcelona
La titular de Economía ha lamentado en una entrevista en TVE la noticia conocida esta mañana del cierre de la fábrica barcelonesa, que emplea directamente a unas 3.000 personas e indirectamente a otras 30.000.
«Hemos propuesto a la empresa poner en macha un proceso de discusión y negociación para ver cómo se puede encauzar este proceso», ha dicho la vicepresidenta, quien ha recordado que «se trata de una planta que tenía sentido estratégico para la compañía, al ser la única en Europa».
El objetivo del Ejecutivo, según ha explicado, es trabajar con la empresa, la Generalitat, el Consorcio de Zona Franca, el Ayuntamiento de Barcelona y con los sindicatos «para ver cómo podemos encauzar este proceso».
