El mayor fraude laboral de España estalla en las narices del Gobierno
La contratación en fraude de ley de centenares de miles de interinos estalla en las narices del gobierno de Rajoy, que aún no sabe qué hacer
El mayor fraude laboral en la historia de España comienza a resquebrajar al gobierno de Mariano Rajoy, que aún no ha diseñado un plan detallado para hacer frente a las condenas por fraude de ley que se avecinan.
Las primeras sentencias judiciales demuestran que el gobierno contrató en fraude de ley centenares de miles de interinos, que han trabajado por períodos mucho más extendidos de los que marca la ley. Y las responsabilidades no sólo afectan al gobierno central sino también a los autonómicos y a los ayuntamientos de todo signo político.
El Ejecutivo (y el resto de administraciones) ha abusado de la contratación de interinos para prorrogar la convocatoria pública de empleo durante los años de crisis. Pero parte del fraude se remonta también a gobiernos anteriores.
El cúmulo de irregularidades comienza a estallar justo cuando el Gobierno de Mariano Rajoy prepara una convocatoria masiva de oposiciones que podría dejar en la calle hasta a 700.000 funcionarios interinos que llevan hasta 20 años en sus puestos de trabajo, cuando la ley marca un máximo de tres años.
Las sentencias
Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo confirma que una secretaria del Ministerio de la Defensa, Ana De Diego, debe disfrutar de los mismos derechos que cualquier otro trabajador de la administración pública. Se trata de un principio básico de la legislación laboral española: ningún trabajador temporal debe ser discriminado en relación a los beneficios del trabajador fijo, al margen de la duración de su contrato.
La administración se enfrenta a una ola de demandas por este motivo. Más de un centenar de interinos en Asturias ya acudieron a los tribunales para solicitar su reconocimiento como indefinidos y algunos sindicatos han comenzado a convocar huelgas y paralización de servicios. CGT ha llamado a un paro de maestros para el próximo viernes. «Estamos animando a todos los interinos a denunciar ante los tribunales con el fin de tener garantías frente a un despido nulo y para que obtengan sus indemnizaciones», explica Miguel Ángel Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas Madrid.
Los tribunales españoles también están dando la razón al colectivo. Una reciente sentencia de un juzgado de Madrid acaba de fallar a favor de un trabajador interino que denunció al Ayuntamiento de Madrid por haber sido contratado en fraude de ley.
“Resulta pues que el contrato suscrito por las partes en 2005 adolece de un vicio de fijación de una duración determinada, por no acreditarse causa alguna limitativa de tal duración y no responder a la verdadera naturaleza establecida en el artículo 15.1 en relación al Real Decreto 2720/98. Por ello, celebrado en fraude de ley, debe considerarse indefinido”, establece la sentencia judicial a la que ha tenido acceso este diario.
La asociación de interinos ha activado más de 3.000 demandas contra el gobierno. Se trata de trabajadores que intentan que el Estado les reconozca su calidad de trabajadores indefinidos, después de haber superado los tres años establecidos en la ley, y blindar su trabajo ante las futuras oposiciones que podrían dejarlos en la calle.
“Se trata del mayor fraude de ley de la historia laboral en España”, explica Enrique Arévalo Granados, asesor legal de la Asociación de Interinos Anil. “Y lo peor es que el fraude masivo ha sido cometido por el propio gobierno”, añade.
Ahora el gabinete de Mariano Rajoy y el resto de administraciones, obligados por Europa a reducir el número de interinos, tendrán que elaborar un plan de contingencia en el caso de que pierdan con la avalancha de demandas judiciales que se avecinan. Hasta ahora, ni los ministerios ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas han previsto ningún plan de acción ni las indemnizaciones que podrían asumir con los despidos de los interinos.
